En la lista de 93 asuntos que tiene previsto abordar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo se incluyen dos temas prioritarios para el Gobierno federal: la reforma del 2021 a la Ley de Hidrocarburos y la extinción de 109 fideicomisos decretada en el 2020, los cuales serán discutidos en marzo.
“Este Tribunal analizará la validez de un requisito establecido para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, la sustitución de la afirmativa ficta por la negativa ficta ante la falta de respuesta de la autoridad competente a una solicitud de autorización de cesión de permisos regulados en ese ordenamiento, así como la de la nueva atribución de la autoridad para suspender los permisos expedidos en términos de la Ley de Hidrocarburos”, expuso la ministra presidenta Norma Piña en la primera sesión de la Corte este 2024.
La presidenta también mencionó que este año “conoceremos de una acción de inconstitucionalidad en la cual se impugna un Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de múltiples leyes federales, cuyo objetivo fue eliminar ciertos fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica que servían como vehículos para distribuir el gasto público”.
La presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña, informó durante sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones 2024 los asuntos a tratar en el primer periodo de este año.
Además, dijo que, en este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para “la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución, para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país”.
“En las primeras sesiones de enero se abordará una contradicción de criterios, en la cual se determinará si en una sentencia de amparo indirecto pueden válidamente dictarse medidas de reparación diversas a la restitución, como puede ser la rehabilitación, las garantías de no repetición o una compensación, en su caso”, dijo la ministra presidenta.
Asimismo, dijo que al analizar una declaratoria general de inconstitucionalidad, el pleno habrá de resolver la interrogante sobre si dicha declaratoria es procedente cuando en un amparo en revisión se ha declarado la existencia de una omisión legislativa absoluta; es decir, si es posible emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad ante la omisión en que incurre el Congreso de la Unión, o una legislatura local, al abstenerse de emitir una ley en cumplimiento de un mandato constitucional.
En relación con el derecho de acceso a la información pública, destacó un recurso de revisión en materia de seguridad nacional cuyo análisis permitirá determinar si resulta apegado a derecho la resolución del Inai que mandata entregar una versión pública de “Los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”.
“A través de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, este alto tribunal se pronunciará sobre la validez de la definición de la llamada violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas, incluso en el ámbito penal”, dijo Piña.
