Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que la inseguridad daña directamente la democracia mexicana, precisó que a quien le corresponde garantizar que no haya violencia en los comicios de este año es a los gobiernos en sus diferentes niveles.
En entrevista radiofónica la consejera Claudia Zavala apuntó que el órgano electoral ya realizó un protocolo en materia de seguridad, que le fue ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero remarcó que el mismo establece lo que debe hacer cada autoridad.
“El tema de seguridad es un tema tan relevante en nuestra democracia, no es un tema que le corresponda al INE. Efectivamente, sí hay una sentencia que nos señaló que teníamos que elaborar un protocolo y ya lo elaboramos, pero lo elaboramos sobre la base de las competencias de cada autoridad, ¿a quién le toca la seguridad?, le toca a los gobiernos, y para eso están las autoridades correspondientes.
“¿Qué hicimos nosotros?, un modelo de coordinación con esas autoridades para atender los temas que se vayan presentando a través del ámbito de coordinación y eso lo hemos hecho en todos los procesos electorales y en este proceso se han instalado mesas de seguridad en todos los estados a través de nuestras vocalías y se instalará para reunirse periódicamente”, declaró.
Zavala recordó que ya se instalaron las mesas de seguridad y comentó que se van a reforzar los trabajos de coordinación: “Va a haber reuniones más periódicas a partir de febrero, que es cuando el INE empieza con la operación de campo a visitar a los más de 15 millones de ciudadanos para instalar las mesas de casilla”.
También en entrevista radiofónica, el consejero Uuc-Kib Espadas coincidió en el hecho de que el INE no tiene ni facultades ni capacidades para realizar tareas de seguridad pública y que en la materia ya cumplen con el mandato del TEPJF.
“El INE no va a asumir obligaciones de seguridad nacional, de seguridad pública, porque no tenemos un aparato capaz para hacerlo, independientemente de un asunto legal”, indicó Espadas.
Apuntó que, sobre todo, el INE no puede convertir a los cerca de 50 mil capacitadores que participarán en el actual proceso electoral en objetivos de la delincuencia organizada, porque señaló que al involucrarse en tareas de seguridad y elaboración de mapas de riesgo los colocaría en el foco de los grupos delincuenciales.
“En ese instante, cada uniforme del INE, de los cerca de 50 mil capacitadores que vamos a tener por todo el país, se vuelve una diana para la delincuencia organizada; es decir, hasta el día de hoy, pese a intromisiones más bien marginales, aunque graves de la delincuencia organizada, el instituto no ha tenido mayor problema para llegar a todos los rincones del país. En 2021 nada más dejaron de instalarse 10 casillas de 168 mil que eran y no en razón de la delincuencia organizada, sino por conflictos locales.
“Si nosotros asumimos que el INE va a hacer mapas de riesgo, cada empleado del INE se vuelve un informante de inteligencia de seguridad nacional y, en consecuencia, objetivo militar para la delincuencia organizada. Me parece que esto, lejos de ayudar a disminuir la violencia, la potenciaría y haría que lo que hoy son efectos graves, pero marginales de la delincuencia organizada, se extendería de manera muy amplia hasta volverse un impedimento para la instalación de casillas en donde hay alta incidencia delictiva”, declaró.
