Al menos 50 mil personas fueron “borradas” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), de acuerdo con la vocera de 32 colectivos, Delia Quiroa, lo que ha generado molestia y preocupación de las familias que no han logrado encontrar a sus seres queridos.
Una de estas familias es a la que pertenece Patricia de la Cruz Herrera, madre de Fernando Hernández de la Cruz, quien desapareció el 22 de julio del 2022 y tomó con sorpresa que sacaran a su familiar del registro en el pasado mes de diciembre.
“Apenas me di cuenta en diciembre, porque me metí directo, puse su nombre y me da el resultado de que no existe información, cuando ya estaba en el listado con anterioridad”, recriminó.
La madre mencionó que de ninguna manera las autoridades fueron a su casa a preguntarle por su hijo, lo que la dejó sumamente preocupada, ya que no sabe cómo y con qué criterios retiraron a su familiar de la base de datos general.
“Mi hijo desapareció en Tamaulipas y sospechamos que fueron las autoridades de ese estado, los policías, y hasta el momento desconocemos su paradero; las autoridades no han hecho mucho por localizarlo”, reclamó.
Advirtió que las autoridades federales deben explicar cómo fue que “rasuraron” el padrón, además de su mayor responsabilidad con las familias, ya que asegura que no hay interés, no hay búsquedas y hay un desastre en las comisiones locales.
Un caso similar es el de Dulce Arely Hernández Ángeles, hermana de Obed Hernández —ambos oriundos de San Luis Potosí—. El joven desapareció el 7 de noviembre del 2021 en el municipio de Tampico, luego de tener una última comunicación con su hermana. La familiar detalla que los colectivos pidieron buscar a su ser querido en las bases, por lo que se dio a la tarea de hacerlo, con la sorpresa de que no estaba.
“Veo que un colectivo en Reynosa comenzó a subir datos y denuncias sobre el registro; por ello, comienzo a buscar el registro de mi hermano y ya no estaba, a pesar de poner todos los filtros. Pensé que había puesto datos erróneos, pero lo hice en varias ocasiones, con el mismo resultado, lo que me generó preocupación”, dijo.
De igual manera, mencionó que jamás alguna autoridad se acercó, aunque trabajadores de la Fiscalía de Tamaulipas le mencionaron que sigue vigente su ficha de búsqueda a nivel nacional, sin que hasta el momento haya resultados.
“En San Luis Potosí me dijeron que no podía levantar la denuncia porque la desaparición había sido en otro estado; por ello, lo hicimos en Tamaulipas, pero también fue un viacrucis porque los agentes del Ministerio Público criminalizaron su desaparición; desde ahí comencé a ver el desinterés”, relató.
Hernández Ángeles confesó que poco a poco se ha ido desgastando, ya que son muchos requisitos, muchos bloqueos, mucha resistencia y mucha falta de trabajo, que hasta que se tiene a un familiar desaparecido es cuando realmente se ve la dimensión de las cosas.
“En mi caso no se han movido en buscar a mi familiar, pero a pesar de que hay más desaparecidos, me han negado la investigación, como la sábana de llamadas de su celular, entre otras cosas”, explicó.
Dijo que ella va a seguir buscando a su hermano con o sin ayuda de las autoridades, ya que en el camino los servidores públicos que le han tocado son “altaneros”, pues le aseguraron que en Tamaulipas la gente desaparece por vender o consumir drogas.
Al abundar acerca de este flagelo, Delia Quiroa, directora del colectivo 10 de Marzo y vocera de 32 colectivos, detalló que se han interpuesto 76 amparos en contra de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por borrar a las personas del registro nacional; sin embargo, dijo que esperan al menos 50 mil amparos adicionales, ya que esa es la cantidad de personas que han sacado del padrón total en las últimas semanas.
Subrayó que hasta el momento desconocen la manera en cómo sacaron a las personas del padrón, situación que considera grave, pues señaló que lo que se busca desde el Gobierno federal es eliminar a la CNB y por eso “están tratando de erradicar el tema en su totalidad, con el desmantelamiento de la dependencia y hacer menos los registros nacionales; a eso van, pues también van por desaparecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
Mencionó que el mensaje es decir que no hay desaparecidos en el país, para desmantelar a las instituciones, pues un primer momento ha sido el quitar presupuesto y, por ello, aseguró que van a seguir interponiendo amparos, para que el tema no se vaya quedando en el olvido y para que se les dé respuesta a las familias sobre el paradero de sus personas cercanas.
La activista dijo que el panorama para este 2024 es negro, pues sigue sin existir interés de las autoridades y las desapariciones siguen subiendo.
