Durante los cinco años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han cometido 93 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos, principalmente por motivos políticos, luego de que en el 2023 se reportaron 14 casos. La cifra total supera a la de todo el sexenio de Felipe Calderón, cuando hubo 67 víctimas, estableció el Comité Cerezo México en su informe anual.
La organización destacó que, a pesar de dicha cifra, el sexenio de López Obrador no supera en ejecuciones al del priista Enrique Peña, en el que se cometieron 189, con el 2017 como el año en el que hubo el mayor número de víctimas, con 52.
Resaltó que la estrategia de control social de este Gobierno, a nivel federal, se basa fundamentalmente en los programas sociales, “sin que esto quiera decir que no se mantengan las estrategias de represión política”.
De acuerdo con el comité, hubo 17 ejecuciones extrajudiciales en el 2019; 15 en 2020; 25 en 2021; 22 en 2022, mientras que en 2023 señala 14; es decir, asesinatos que se configuran como violaciones a los derechos humanos en tanto que han sido cometidos por agentes de Estado, en la modalidad de comisión o aquiescencia.
En el sexenio de López Obrador la cifra se redujo de manera general en comparación con el de Enrique Peña, “aunque lamentablemente continuaron las ejecuciones extrajudiciales, principalmente llevadas a cabo por los gobiernos estatales, incluidos los de Morena”, señaló.
El Comité Cerezo detalló que el principal derecho que defendían las personas asesinadas son territorio (1); vida digna (1); vivienda digna (1) y autodeterminación, que suman 11 casos. De las víctimas, abundó, cinco fueron mujeres, cifra que aumentó 18 por ciento en relación con el 2022, y nueve hombres.
Explicó que de los 14 casos documentados, en uno la persona defensora de derechos humanos no pertenece a ningún pueblo indígena; en los 13 restantes, dos eran del pueblo náhuatl en Veracruz y Jalisco, dos más al pueblo Xiche, de Oaxaca, y en los nueve restantes, pertenecen a la nación triqui oaxaqueña.
El reporte estableció que los “beneficiarios” de estas ejecuciones son cuatro casos donde se involucra el Gobierno federal —uno relacionado a la Comisión Federal de Electricidad y tres más a la estrategia contrainsurgente en Oaxaca y Veracruz—; en uno más, una trasnacional minera, y los nueve restantes, a los gobiernos estatales.
“A diferencia de años anteriores, donde los autores de las ejecuciones extrajudiciales, en la mayoría de los casos, eran cometidas por personas desconocidas, en el presente informe los grupos paramilitares que, en anteriores ocupaban un segundo lugar, ahora están en el primero”, subrayó.
Advirtió que se ha podido documentar que hay víctimas de la estrategia contrainsurgente, que “al parecer se ha reactivado, creemos que como una forma de presionar políticamente a la próxima Presidenta de la República” que, dijo, será Claudia Sheinbaum.