Ante lo que reconoció como el incremento del fenómeno de la incidencia del crimen organizado en las elecciones mexicanas, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, aseveró que se deben considerar alternativas para hacer frente y considerar desde un “sistema de testigo protegido” para candidatos” y las denuncias anónimas, hasta la realización exclusiva de campañas digitales en algunos municipios y las fórmulas de votación anticipada.
El magistrado de la Sala Superior ofreció la conferencia magistral “Elecciones y crimen organizado”, en el marco del Curso de Derecho Electoral, llevada a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México, tema que recordó es la tercera ocasión que expone y sobre el que dijo dejará de platicar por el momento.
Expresó su preocupación porque entre las autoridades electorales sólo hablan “bajito” sobre la incidencia del crimen organizado en las elecciones, porque al hablarlo en voz alta tendrían que asumir su responsabilidad para hacerle frente.
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“No es algo nuevo, lo que sí es que está creciendo (…). Si alguien me preguntara así de claro, ¿incide en las elecciones mexicanas el crimen organizado? Incide y ha incidido, es decir, por lo menos desde 1997 hasta hoy, 1997, que es el año en que yo entré a trabajar al Tribunal Electoral, que es desde donde yo puedo hablar”, comentó.
Consideró que, por ello, se requiere la colaboración de autoridades de seguridad con autoridades electorales en tareas como, la elaboración de un atlas de riesgo, asunto en el que públicamente los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han manifestado su rechazo.
“Que se generen mapas de riesgo sección por sección. Yo en eso lo sé, que el INE tiene información de campo que de verdad es espectacular, tiene prácticamente información cuadra por cuadra del país, ahí donde siempre se dice que llega la Coca, Bimbo a todos los lugares del país, llega el INE, el llega hasta el último punto del país, esa información, junto con la información de las autoridades de seguridad pública a lo mejor puede llegar y concentrarse, no tiene que ser todo público, pero sí de conocimiento de los actores políticos”, indicó.
De la Mata Pizaña consideró que hay otros rubros en los que también se deben romper paradigmas ante, por ejemplo, rumores que no se pueden documentar en los expedientes, pero que sí se escuchan, como supuestas presiones a los candidatos para que renuncien, secuestros de los mismos aspirantes y sus familiares, y diversas formas de hostigamiento.
Estimó que se deben bancarizar todas las aportaciones a las campañas, considerar las denuncias anónimas e incluso la realización de análisis exoficio por parte de las autoridades sobre casos de presiones del crimen organizado, y quizá hasta asignar protección para candidaturas y familiares, como un sistema de testigo protegido, según el riesgo.
“Me parece que también tiene que haber alguna fórmula en la cual haya protección especial para algunas candidaturas. Sí, de verdad, y familiares también, así como quizá un sistema de testigo protegido, pues igual, sistema en el cual familiares de candidaturas son protegidas y quizás sacadas de la zona y no se sabe en dónde viven, quizá; familiares de tal candidato de tal municipio son protegidos por alguna agencia de seguridad y se encuentran protegidos y se encuentran resguardados en lo que termina la elección”, consideró.
El magistrado del TEPJF estimó que se debe contemplar que en algunos casos la opción sean las campañas digitales, no sólo las físicas y territoriales, y que incluso tengan más tiempo aire, así como las fórmulas de votación anticipada.
Apuntó que, según la circunstancia, también se puede contemplar la “federalización de las elecciones”, porque hay algunas circunstancias ante las que los órganos electorales locales no pueden responder.
