Por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, presentó una demanda de juicio político en contra de un juez federal, lo cual fue catalogado como un hecho sin precedentes en el país.
Para este efecto, el Gobierno federal acudió directamente ante el Poder Legislativo, sin tener contacto previamente con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el marco de su visita a la Cámara de Diputados para participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena, la funcionaria federal promovió la solicitud en contra de Cresencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, al cual se le vincula con la liberación de presuntos responsables del secuestro de migrantes ocurrido a inicios de este año.
Se argumenta que el impartidor de justicia posiblemente incurrió en delitos que lo vincularían con organizaciones criminales.
“En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, explicó Segob en un comunicado.
Las determinaciones del juez no están apegadas a los principios constitucionales y legales. Ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés públicoSecretaría de Gobernación, Comunicado de prensa
La dependencia federal sostuvo que se cuenta con una serie de elementos que hacen presumir que las resoluciones emitidas por el juez no se han apegado a los principios constitucionales y legales.
Fue señalado de tomar decisiones que ha llevado a que criminales sean liberados, atentando así contra la población.
“Ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, se indicó.
En la entrega de la denuncia ante la Secretaría General del recinto legislativo, también se hizo del conocimiento de las y los diputados sobre diversos casos catalogados como de “alto impacto”.
Sin precisar el nombre del grupo criminal, la Segob señaló que se ha liberado a miembros de organizaciones delincuenciales que presuntamente están vinculadas con el secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, lo cual ocurrió a principios de año.
Se añadió que también se ha relacionado con casos constitutivos de delincuencia organizada en cuanto al tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
“Se puede señalar que hubo de parte del juzgador federal desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, puntualizó.
Con estos elementos, se solicitó a la Cámara de Diputados investigar y analizar la actuación del juez para que, en su caso, se proceda ante el Senado, el cual deberá determinar su posible destitución.
Entrevistada al respecto, la secretaria general de la Cámara baja, Graciela Báez, explicó que, según marca el procedimiento, ahora se está a la espera de que la Secretaría de Gobernación ratifique la denuncia.
“Una vez que sea la ratificación, lo que procede es que la Secretaría General remita a la Subcomisión de Examen Previo, y también que informemos a los órganos de gobierno, que ya fue ratificada esta denuncia y ya los diputados procederán conforme consideren conveniente”, declaró.
Explicó que la dependencia federal cuenta con tres días, a partir de este martes para concretar el procedimiento.
Asimismo, aseguró que el hecho de que la denuncia provenga de una instrucción del Presidente de la República no modifica la ruta a seguir en el caso.
La secretaria aseguró no recordar que, desde el tiempo en que ella ha ocupado el cargo, se haya presentado una solicitud de este calado; es decir, un juicio político promovido desde la Presidencia de la República, aunque sí los ha habido por parte de gobernadores.
Consultado al respecto, el catedrático Francisco Burgoa comentó a este medio no tener conocimiento de que algún Gobierno federal haya presentado una denuncia de este tipo.
- Formación: Licenciado en Derecho en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, con maestrías en Competencia Constitucional y Ordinaria en la Escuela Federal de Formación Judicial y en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y un doctorado en Derecho en la misma institución.
- Trayectoria: Ha sido oficial judicial en juzgados del Edomex y SLP; actuario judicial, secretario y oficial administrativo en juzgados del Edomex y CDMX; secretario de juzgado, juez de Distrito en Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas (éste último, desde 2017).
Reforma al PJ no es venganza: Zaldívar
El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la propuesta de reforma al Poder Judicial, en la que colabora con el equipo de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, no se busca “venganza”.
“Nosotros no estamos en ningún tema de venganzas ni de conflictos, se tendrán que presentar muchas propuestas que sean las que consideremos que son mejores para el país. Ernesto Zedillo presentó una propuesta de reforma de la Corte, desapareció a la Corte como la conocíamos, redujo su tamaño, generó un Consejo de la Judicatura y nadie pensó en ese momento que era una revancha”, sostuvo.
Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de legisladores de Morena, dijo que la elección de los ministros podría ser a través de un filtro, pero que al final sea el pueblo de México el que decida esto.
“Me parece que si acaso nos vamos por ese camino, tendría que ser una elección indirecta. Es decir, una elección donde hay un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas, pudieran pasar a la etapa de elección popular”.
