En respuesta al anuncio de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la presentación de una demanda de juicio político contra el juez federal Crescencio Contreras, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación cerró filas con el juzgador y dijo que “la solicitud no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial”.
La Jufed señaló lo anterior y advirtió que esto “constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, pues además refirió que se obvió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que es la instancia facultada para resolver este tipo de situaciones.
A través de un comunicado firmado por el director nacional de la Jufed, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, expresó su respaldo al juez de Distrito, del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas.
El nuevo enfrentamiento entre juzgadores y el Gobierno federal tiene su origen en el cateo de tres inmuebles en los que se aseguraron armas y droga. En ese momento no hubo detenidos y la fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra una persona.
La Jufed detalló la causa penal radicada en el centro de justicia contra dicha persona, con el cateo que resultó en el hallazgo de armas de fuego y sustancias ilícitas, y expuso también que presuntamente el juez Contreras Martínez habría favorecido a grupos criminales vinculados con delitos como el secuestro de migrantes.
Señaló que el juzgador, en la audiencia inicial del primer caso, actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, al considerar que no se cumplían los requisitos de la ley.
“Para esta Asociación Nacional, la actuación del juez de Distrito mencionado se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República”, denunció la asociación de jueces y magistrados al tiempo de agregar que “no se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencia en las fases procesales”.
Ratificó que la Constitución otorga al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de vigilar y, en su caso, sancionar las actuaciones de los jueces cuando no se apeguen a derecho, por lo que acusaron que la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras.
La Jufed dijo que el juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.
El martes pasado, la Secretaría de Gobernación presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del juez federal Cresencio Contreras Martínez, ante la hipótesis de que favorece la liberación de integrantes de grupos criminales.
“Se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, subrayó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.
Presidente ve “podredumbre” en el Poder Judicial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la solicitud de juicio político en contra del juez federal Cresencio Contreras, ya que, dijo, ha actuado de manera descarada para favorecer a miembros de la delincuencia organizada, lo cual refleja a un Poder Judicial “podrido”.
“El juicio político tiene que ver con una actitud muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. No quiero generalizar, debe de haber jueces, mujeres y hombres, honestos, pero la impresión que están dando en el Poder Judicial es que es un poder podrido, lleno de corrupción y sin principios”, afirmó.
El mandatario sostuvo que la instrucción en el Gobierno federal es no quedarse con nada cuando se tengan pruebas de conductas irregulares, como el caso de un delincuente famoso que recibía protección de jueces y pretendía que se le transfiriera a Reynosa o Matamoros.
En su intención de exhibir la actuación de los jueces, el mandatario federal retomó el caso Colosio y el giro a la investigación donde se regresa a la teoría del segundo tirador por parte de la FGR y se identifica a Jorge Antonio Sánchez Ortega.
“Es muy fácil decir que la ‘caja china’ o la ‘cortina de humo’. Nunca me ha interesado la política espectacular, no soy Salinas”, manifestó.
Indicó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta no se trata de cualquier caso. “Cuando es un asunto de gran sospecha, no hablemos de otra cosa, de mucha sospecha desde que sucedieron las cosas. Un hecho de lo más deleznable, inhumano, quitarle la vida así a un candidato presidencial”, apuntó.
Dio a conocer un reporte de la FGR que recoge planteamientos del juez de la causa, Alberto Chávez en torno al caso, quien consideraba que el Gobierno pretendía utilizarlo con fines políticos y que no le “iba a hacer el caldo gordo” al Presidente.
López Obrador estableció que la relevancia del caso Colosio no permite dejar del lado la investigación. “De repente me entero que hay en la Fiscalía un expediente abierto a partir de esa denuncia en donde uno de los que va a Tijuana a rescatar, como lo dice el boletín de la FGR, al supuesto segundo tirador, es García Luna. Yo pregunto, ¿será que esto lo sabía (Felipe) Calderón?”, puntualizó.
Tenemos los elementos para ir en su contra: Mier
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que se cuenta con las pruebas necesarias para proceder contra el juez federal de Tamaulipas, contra quien ayer la Federación presentó una solicitud de juicio político.
Una vez promovido dicho proceso ante la Cámara baja, ahora se está a la espera de que la Secretaría de Gobernación acuda a ratificar esta denuncia para que la Mesa Directiva de San Lázaro proceda según los lineamientos, es decir, remita la solicitud a la Subcomisión de Examen Previo.
“Creemos, lo platicamos con la secretaria, que hay todos los elementos para que se pueda iniciar un juicio político contra este juez de distrito”, declaró.
El legislador aseguró que la bancada guinda no buscará darle celeridad al procedimiento presentado por la Segob. En otro punto, insistió en que deberá progresar la reforma al Poder Judicial, con la que se busca que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, para así acabar con lo que llamó una “crisis de justicia”.
Mier Velazco reiteró la opinión sobre que con esto se abatirán desigualdades, se mejorarán las condiciones de vida y habrá un sistema de justicia expedito, pronto y gratuito.
“Es necesario una reforma integral al sistema judicial que abarque fiscalías, que abarque lo que se conoció como ministerios públicos y de esa manera empezar a construir, en un esquema de responsabilidad compartida, tanto de órdenes de gobierno como de los Poderes del Estado, la solución al asunto de seguridad”, dijo.
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FGR
