En materia de pensiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que las personas que comenzaron a cotizar a partir de 1997 reciban un monto igual a su último salario, por medio de un sistema que busca crear: Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se alimentará de recursos como los fideicomisos del Poder Judicial, entre otros.
La modificación versa sobre el artículo 123 constitucional, para que las personas mayores a 65 años que cotizan a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS -cuando entró en vigor la reforma antepasada- y aquellas bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE tengan derecho a que la pensión sea igual a su último salario hasta una cantidad equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, sólo en caso de que su pensión sea menor a dicho promedio.
A este salario se le ajustará la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica, de acuerdo con el ejercicio fiscal que corresponda.
Para cumplir con esto, se propone crear el Fondo de Pensiones que recibirá aportaciones del Gobierno Federal que emanarán del 75 por ciento de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que el Congreso extinguió el año pasado.
También de los bienes inmuebles sin construcción que sean del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como las deudas de las dependencias federales, de los órganos autónomos, estados, los poderes legislativos, judiciales locales, y cualquier otra con adeudo ante el SAT, ISSSTE o IMSS.
Asimismo, se complementará con el reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que, acusa, se usaron “para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso”.
Planea usar los recursos que queden tras la extinción de los órganos autónomos que también propuso en este paquete, así como el 25 por ciento del remanente de las utilidades de la Sedena, la Marina.
Igualmente sugiere permitir las donaciones o cualquier otro tipo de aportación provenientes de cualquier persona física o moral sin que por ese hecho se consideren como fideicomitentes o fideicomisarios o tengan algún derecho sobre el patrimonio fideicomitido.
Entre los transitorios, apunta que cada ocho años se realizará una evaluación actuarial de la suficiencia del proyecto para determinar si debe tener más fuentes de financiamiento.
DMGS