Como parte del paquete de reformas que presentó el Ejecutivo, plantea una iniciativa que busca garantizar el derecho de acceso al agua para consumo personal y uso doméstico, y no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad del líquido en cantidad y calidad, además de sólo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico.
Otra de las propuestas pretende garantizar el derecho a la alimentación, la cual contempla “reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”.
También plantea impedir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud de la población, mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos.
En otra iniciativa, impulsa modificar los artículos 4 y 5 de la Constitución, en materia de protección de la salud, la prohibición definitiva de producción, distribución y comercialización de vapeadores o cigarrillos electrónicos, así como de “sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
También impulsa otra modificación al artículo 4 de la Constitución, para agregar la obligatoriedad para el Estado de garantizar una atención médica integral, universal y gratuita.
Además, López Obrador presentó reformas para que se utilicen los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionadas durante el Gobierno de Ernesto Zedillo y que actualmente sólo se utilizan para el transporte de carga, para que se empleen para los trenes de pasajeros.
Igualmente, otra para que se le devuelva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica, que en la reforma durante el Gobierno de Enrique Peña, señaló, le quitaron para favorecer la privatización del sector.
Además, planteó la obligación del Estado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o concesión a particular.