En una de las iniciativas presentadas esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone la extinción de siete órganos autónomos y organismos descentralizados, entre los cuales se encuentra el INAI, cuyas funciones sugiere trasladarlas al Poder Ejecutivo y también al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es una figura con la que busca sustituir en otra reforma al INE por el INEC.
De esta forma, el mandatario busca que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia queden en manos de la Secretaría de la Función Pública, en cuanto a la Administración Pública Federal, al órgano de control del Poder Judicial, de los demás órganos autónomos y las contralorías del Congreso de la Unión, estructura que se duplicaría en el ámbito estatal.
En tanto, lo relativo a partidos políticos quedaría en manos del INEC, mientras que los sindicatos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
“En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, señala el documento.
También propone desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que las funciones las asuma la Secretaría de Economía; al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que sus facultades se transfieran a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La misma suerte plantea para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se trasladaría al Inegi; la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía a la Secretaría de Energía (Sener).
Por último, plantea también la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) que estaría pasando a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Para argumentar estos cambios, el presidente acusa que estos órganos y organismos fueron producto de una “burocracia dorada” y la implementación del modelo neoliberal en el país que derivó en una menor eficiencia, escasa transparencia y un mayor poder a actores privados en detrimento del poder público.
Luego de mencionar que la función del Estado es reconstruir los derechos bajo la tutela directa del Poder Ejecutivo, apunta que el país “debe aprender de las experiencias vividas” y ahora plantear una interacción del sector privado pero con un Estado capaz de garantizar el acceso a los derechos fundamentales.
“Además, los organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos, en vez de consolidarse como entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados de diversa índole en su beneficio, lo que fue evidente en distintos casos en que surgieron a partir de la separación de funciones de alguna secretaría, sin relación con necesidades de la sociedad. Incluso, en varios casos, su objetivo fue expresamente clientelar”, señaló.
JVR
