El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), defendió ser “un componente fundamental del Estado”, que actúa y actuará con apego estricto a sus facultades constitucionales y cuyo cumplimiento es “obligatorio e indelegable”; ante ello, se dijo dispuesto a debatir y dialogar la propuesta presidencial para la extinción del organismo.
Indicó que analizará detalladamente la iniciativa de reforma que le atañe, así como las acciones que determine emprender, conforme a sus atribuciones.
Además, manifestó su apertura al diálogo e interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo e independiente de los poderes públicos, que garantice la vigencia, ejercicio y tutela efectiva de los derechos humanos referidos.
Afirmó que ni la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Legislativo y está destinada a auditar a los entes que ejercen gasto público, ni la Secretaría de la Función Pública que por depender del Poder Ejecutivo la convertiría en juez y parte del Gobierno, podrían asumir las funciones que actualmente tiene el Inai, pues la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial.
En el mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que si bien existen diversas áreas de oportunidad, tener un diálogo público sobre esta reforma enviada por el Ejecutivo, una vez concluidos los procesos electorales, permitiría el análisis del sistema electoral actual con insumos recientes.
En un posicionamiento, afirmó que la propuesta no modifica el desarrollo de los procesos electorales y garantizó que se realizarán con transparencia.
