Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que se reabrió el juicio civil por 634 millones de dólares que interpuso el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna en Florida, Estados Unidos, con el fin de recuperar esos recursos robados a la administración pública.
En conferencia, explicó que dichos recursos se obtuvieron de manera ilícita por el exsecretario de Seguridad Pública federal a través de la adjudicación directa de 30 contratos a Grupo Weinberg, encabezada por Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el pasado 31 de diciembre en Madrid, España, con fines de extradición.
Dijo que esta persona se encuentra vinculada con al menos 80 empresas involucradas en la triangulación de recursos con Nunvav Inc e ICIT Holding SA de CV, de las cuales formaba parte García Luna.
En septiembre de 2021, México presentó una demanda civil ante el Tribunal Undécimo del Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, para recuperar los recursos. El juicio será reanudado y actualmente se encuentra en etapa de conciliación, para lo cual el Gobierno se prepara con el apoyo de la Secretaría de Seguridad.
Durante esta etapa, se entrará a la “deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”, explicó Pablo Gómez, luego de revelar que el Gobierno mexicano ya recuperó dos millones de dólares de inmuebles de Genaro García en EU, que fueron depositados a la Tesorería de la Federación.
“La recuperación de más de dos millones de dólares a través de una resolución judicial, la tomó la jueza de la corte que está viendo el caso (...) la parte líquida fue entregada a la Tesorería y aparte está el departamento que no ha sido vendido o lo será en cuanto sea posible”, precisó.
En Florida, añadió, no se va a juzgar sobre la ilegalidad de los contratos firmados por García Luna, sino la triangulación ilegal para entregar el dinero a quien lo recibió o gestionó los contratos.
“En Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos -ese es un tema de México, no está sometida a jurisdicción de otro país- lo que está sometido es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de triangulación se entregó parte de ese dinero a persona que hizo contratos García Luna o quien había gestionado contratos. Hay contratos que había cuando García Luna ya no era funcionario.
“Parte de ese botín ya lo demostramos ante el tribunal, porque el dinero está a través de unos viajes en otros países, en Barbados, principalmente, luego llegó a Miami. Por ese motivo está en juicio. Es para resarcir, no sabemos qué parte, es la evolución del propio juicio lo que robaron al pueblo de México”, indicó.
El titular de la UIF detalló que la Secretaría de Gobernación, a través del Cisen y OADPRS pagaron millones de pesos y dólares por contratos al Grupo Weinberg. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de la Policía Federal, le pagó más de 83 millones de dólares.
En este sentido, Gómez Álvarez dijo que el pago era en dólares, pero en cuanto se recibía era transferido “no a México, se transfería en otro lado del mundo”.
Durante la exhibición de lo que calificó la “Trama corrupta de García Luna”, mencionó que en el Grupo Weinberg destacan Mauricio Samuel Weinberg López, que tiene participación en 19 empresas; Jonathan Alexis Weinberg Pinto, en 30 empresas. Refirió que la Corte de Florida tendrá que resolver sobre la base de las empresas que fueron contratadas.
“Le entregaron dinero a García Luna, ese dinero es ilícito, así de sencillo y, por lo tanto, el Gobierno de México exige que se lo devuelvan. Lo que va a resolver la juez es eso”, añadió.
No toca a UIF dar contrato sobre caso Pegasus, afirma
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aclaró que este organismo no es la autoridad que deba entregar contratos públicos sobre el software Pegasus como lo solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que sólo realiza un análisis de las operaciones financieras involucradas en los pagos de dicho programa.
En conferencia expuso que nunca ha habido datos y referencias sobre el asunto del software de espionaje, el cual fue utilizado por el Gobierno anterior para espiar a personajes políticos y periodistas.
“Nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque nosotros no firmamos ningún contrato. La autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no solamente de esos contratos, sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos, lo que ampara esos contratos”, indicó.
Sin embargo, explicó que la resolución de la Corte, que ordenó a la UIF transparentar los procesos de contratación de Pegasus, está basada en una solicitud de transparencia, en la que se pide a la unidad mostrar “el diagnóstico”.
Dijo que a la UIF únicamente le corresponde dar los elementos para documentar que el equipo que se compró “estaba sobrevaluado, hubo un fraude”, pero determinar “la forma en que ese equipo fue utilizado” no le corresponde, sino a otras autoridades.
“No hay el menor problema, y nunca lo ha habido, para entregar datos, referencias, sobre el asunto de Pegasus. ¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude, se compró más de lo que valía.
“La forma en que ese equipo fue utilizado no le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino a otras autoridades y está abierto a una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República”, manifestó.