La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por 84 millones 721 mil pesos, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) por contratos a proveedores, de los que no se ha recuperado algún monto.
De acuerdo a la ASF, se realizó la adjudicación de contratos sin acreditar los criterios en que se fundó el ejercicio de la opción, además, en las justificaciones para la licitación pública no se contemplaron las especificaciones y datos técnicos que expliquen el alcance de la contratación.
Aunado a lo anterior, no se verificó que las personas morales contratadas contaron con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos y humanos necesarios para dar cumplimiento a los servicios objeto de los contratos, y se convinieron obligaciones anteriores a la celebración de los contratos.
La ASF detectó que se realizaron solicitudes de pagos por servicios que a la fecha de la suscripción de dicha solicitud aún no habían sido validados; además que se realizaron pagos por CFDI posterior a los 20 días naturales establecidos en la legislación aplicable.
Las pólizas presentadas carecen de las firmas y de los nombres de quien las elaboró, revisó y autorizó; de esta manera, se realizaron pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2022, por servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
“No administró, no inspeccionó, no vigiló, no supervisó, ni dio seguimiento al cumplimiento de los servicios contratados, por lo que no se garantizó que las personas morales contratadas para la prestación de diversos servicios cumplieron con las obligaciones a las que estaban sujetas de acuerdo con los diversos contratos y convenios celebrados”, destaca el reporte.
JVR
