Las entidades federativas incurrieron en un posible daño a las arcas públicas por un monto superior a tres mil millones de pesos a costa de los servicios educativos para los que la Federación les entrega recursos.
Así lo establece el informe consolidado de la Cuenta Pública 2022 que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, en el cual se apunta que en el sector educativo a cargo de los estados se identificaron anomalías por tres mil 993 millones 465 mil pesos, de los cuales se lograron aclarar 934 millones 696 mil, por lo que aún están sin justificar tres mil 58 millones 768 mil pesos.
De estas anomalías financieras, 253 millones 786 mil pesos fueron identificados en la tercera entrega de la Cuenta Pública.
Entre las novedades reveladas en este último paquete de informes se encuentran 29 millones 867 mil pesos que debe aclarar la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) –dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, por irregularidades en el apartado de Previsiones, Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.
De acuerdo con la auditoría 2022-5-25C00-19-0015-2023, se apunta que la instancia infringió la normativa en materia de la Ley General de Educación, del Manual de Operación del Catálogo de Centros de Trabajo y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, al haber pagado salarios a trabajadores inactivos.
Se explica que la AEFCM realizó cuatro millones 800 mil 676 pagos a 113 mil 586 trabajadores, por un monto de 39 mil 925 millones 507 mil pesos, adscritos a cinco mil 581 centros de trabajo.
No obstante, se presume un posible daño al erario por 150 mil 226 pesos por 18 pagos a cinco trabajadores adscritos en centros de trabajo reportados como clausurados.
También se identificó otro posible desfalco por 28 millones 330 mil pesos a causa de tres mil 580 pagos a trabajadores que habían sido dados de baja definitiva de una institución.
Otro presunto daño se encontró en el gobierno del estado de Durango, entonces gobernado por el panista José Rosas Aispuro, debido al manejo que se hizo de los recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. El informe indica un monto por aclarar de 18 millones 822 mil pesos.
Entre las irregularidades se apunta que ya no reintegró a la Tesorería de la Federación recursos de este fondo que no estaban comprometidos, por 13 millones 212 mil pesos, así como rendimientos financieros por tres mil pesos.
Además, se realizaron pagos a trabajadores que solicitaron licencia sin goce de sueldo por cinco millones 606 mil pesos.
Otro estado en el que también se halló un posible daño fue en Oaxaca y respecto al uso del mismo fondo. En este caso, la cifra por subsanar es de 157 millones 30 mil pesos.
La anomalía identificada en el periodo en el que aún gobernaba Alejandro Murat apunta a que se infringió la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, por realizar pagos a trabajadores identificados como decesos.
Denuncian desvíos en la Conade por 377 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales por probables daños al erario por 377 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que encabeza Ana Gabriela Guevara.
Se trata de dos recursos que se unen a otro presentado en agosto de 2023, y que fueron interpuestos el pasado 19 de febrero, un día antes de que se diera a conocer el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2022, y se formularon las querellas para sancionar a quienes hubieran incurrido en desvíos de recursos y ejercicio indebido del servicio público.
En las denuncias se señala que durante la revisión a la cuenta pública 2020, se detectaron irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte, así como por aceptar equipos tecnológicos con características diferentes y de menor calidad que los pagados.
Dos auditorías, una de ellas forense, determinó que la Conade celebró 18 contratos por realización de eventos deportivos o prestación de servicios queno pudo demostrar que sí se ejecutaron, sin embargo, fueron pagados con recursos federales.
También, que las becas deportivas por 2.9 millones de pesos, no se comprobaron, pero un total de 36 personas que recibieron el beneficio no hicieron entrega de documentos y tampoco cumplían con los requisitos necesarios para obtener una beca, además de haber realizado pagos por 26.4 millones de pesos en reconocimientos económicos de por vida cargados a presupuesto no previsto.
En dicha fiscalización, se observa que los procesos de contratación en la Conade no se apegan a la normativa; que las erogaciones no cuentan con toda la documentación, justificación y comprobación que se requiere; que carece de control, supervisión y seguimiento de las personas contratadas; y que tampoco hay comprobación y acreditamiento de la prestación de los servicios contratados.
Apenas el pasado martes, al darse a conocer el informe de la Cuenta Pública de 2022, la ASF dio a conocer tres auditorías realizadas a la Conade, con un monto por aclarar que asciende 283 millones 115 mil 17.71 pesos por diversas causas. Sin embargo, dicha cantidad no es definitiva, pues inicia un proceso de aclaración por parte de la dependencia.
