Gobernadores de la llamada 4T pidieron no eliminar prisión preventiva oficiosa y exhortaron a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación( SCJN) a actuar conforme a derecho.
“Las y los Gobernadores de la 4ta Transformación, hacemos un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia respecto al veredicto que emitirán sobre la prisión preventiva oficiosa. Este es un tema fundamental para la justicia, el proceso de las víctimas, así como evitar la impunidad”, posteó en su cuenta de equis la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien compartió el comunicado.
Los gobernadores señalaron que “comprometidos con la cuarta transformación con respeto absoluto a la división de poderes y atendiendo a la necesidad de fortalecer el federalismo, mediante mecanismos democráticos que reflejen el mayor sentido de responsabilidad hacia quienes juramos respetar la Constitución, formulamos las siguientes consideraciones, respecto de la resolución que deberán emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro país respecto de la prisión preventiva oficiosa”.
Afirmaron que este tema es fundamental en la vida jurídico política de nuestro país y “de protección a su soberanía constitucional”, por ello advierten hacen este llamado para que la suprema corte considere lo expuesto, “ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas de cuyos gobiernos somos responsables”.
Los mandatarios refirieron que son conscientes de la importancia que reviste la observación del máximo ordenamiento jurídico por ello “nos pronunciamos en calidad de amicus curiae con absoluto respeto a la figura que representa la corte, a efecto de que se considere el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellos quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”.
En la misiva se indicó que es necesario enfatizar que las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas deben estar armonizadas “y no transgredir el contenido de nuestra Constitución, previo pronunciamiento de la propia suprema corte, es decir resulta de suma importancia mantener un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno”.
Los cuatroteístas mencionan, que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción el proceso penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
“Es muy importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconstitucional, se refiere a delitos de alto impacto, y de clara repercusión social, que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado, o haya sido sentenciado previamente”, se lee en otra parte del comunicado.
Entre los firmantes destaca María del Pilar Ávila, (Baja California); Rutilio Cruz Escandón (Chiapas), Delfina Gómez Álvarez (Estado de México); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Salomón Jara (Oaxaca); Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Carlos Manuel Merino (Tabasco); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); Víctor Manuel Castro (Baja California Sur); Martí Batres Guadarrama (CDMX); Evelyn Salgado Pineda (Guerrero) y Cuauhtémoc Blanco (Morelos).
JVR
