“Transgredían los principios de competencia y libre concurrencia”

SCJN: frenar LIE evitó “catástrofe económica”

La Segunda Sala de la SCJN, que preside el ministro Alberto Pérez Dayán, amparó en enero a diversas empresas contra las reformas a la LIE

El 31 de enero pasado, la Corte avaló la inconstitucionalidad de la LIE. Foto: Cuartoscuro

Al defender el fallo de días anteriores, la Suprema Corte dijo que al declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), evitó que el país sostuviera una “condena económica de grandes dimensiones”.

La Segunda Sala de la SCJN, que preside el ministro Alberto Pérez Dayán, amparó en enero a diversas empresas contra las reformas a la LIE, impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que “transgredían los principios de competencia y libre concurrencia”.

Este miércoles, en una tarjeta informativa, la Corte dijo que una de las implicaciones de esa decisión impactó de manera decisiva en la controversia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del TMEC, contra México por la política del Gobierno en el sector”.

También se dijo que la inconstitucionalidad declarada dejó sin materias las consultas que, en el Panel de Energía, formularon esos países en julio de 2022; lo que se traduce en que se evitó para México una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético.

Cabe recordar que en marzo de 2021, la SCJN declaró inconstitucional la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la CFE sobre las empresas privadas, y fue el 31 de enero pasado que la Segunda Sala concedió de manera definitiva el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al establecer que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constitución desde 2013.

En otro tema, ayer la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que la justicia penal tiene el enorme potencial de contribuir a la credibilidad del Poder Judicial Federal (PJF) y al Estado de derecho en nuestro país.

“Lograr estos objetivos depende en gran medida de quienes integramos el PJF y las instituciones de impartición jurídica en todo el país”, indicó.