El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó crear un catálogo informativo de infractores electorales, donde se enlisten las sentencias emitidas por violación al artículo 134 constitucional de todos los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, e impacte en cualquier elección federal o local, situación que desató una discusión en la Cámara de Diputados entre la 4T y el bloque opositor.
En un inicio se preveía incluir también la emisión de medidas cautelares al Presidente de la República, al final y a propuesta de Mónica Soto, la Sala Superior sólo incluirá sentencias firmes.
En la sesión del TEPJF, la magistrada Janine Otálora propuso un cuaderno con las sentencias del Tribunal Electoral y resoluciones del INE: “Esto permitirá que al momento en que se abra el expediente del dictamen de calificación (de la elección a la Presidencia), se le vincule este cuaderno y esta Sala tenga todos los elementos jurídicos necesarios para tomar la determinación correspondiente”.
También planteó un catálogo con las sentencias contra servidores públicos que cometan una infracción que afecte la equidad en el resto de las elecciones a realizarse el 2 de junio; tres de los magistrados rechazaron el cuaderno —Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—.
El magistrado Fuentes advertió que ese cuaderno se considerara como una “prueba preconstituida” desde el Tribunal.
“¿Por qué? Porque esto de alguna forma elimina la carga de la prueba de los actores en los juicios de nulidad y prácticamente traslada la carga de la prueba al propio Tribunal, sin una autorización legal para hacerlo”, dijo.
Otálora, señaló que no era una prueba preconstituida; además su argumento fue respaldado por el magistrado Reyes Rodríguez; finalmente se estableció que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal deberá establecer los lineamientos para crear dicho catálogo, que sólo contendrá las sentencias de la Sala Superior y las Salas Regionales sobre la injerencia en los procesos federal y en las 32 entidades.
En tanto, en la Cámara de Diputados el proyecto fue rechazado por Morena, PT y PVEM, que cuestionaron la intención de la magistrada y también que la oposición no viera en la propuesta un riesgo para la democracia, pues a su consideración, lo planteado por Otálora carecía de sustentos legales y pretendía que se tomaran decisiones sobre hechos que aún no han ocurrido con base en actos del año pasado.
El petista Benjamín Robles calificó la propuesta como una “intentona jurídica” con la que se amenaza para resolver impugnaciones que aún no existen.
“Amenaza con usarlo para resolver impugnaciones electorales que aún ni siquiera existen, a menos que ya desde ahora la magistrada tenga la noticia de que las habrá. Habría que preguntarle si es adivina o simplemente tiene relaciones políticas inconfesables, ¿para quién trabaja la magistrada, para México o para la oposición?”, exclamó.
El morenista Pablo Amílcar dijo que con este cuadernillo, el TEPJF se estaría dando atribuciones desde ahora porque ya ven los resultados en junio, debido a que “a la derecha se le está acabando las posibilidades antes de que inicie la campaña electoral”.
En sentido contrario, la perredista Elizabeth Pérez reclamó que más que el asesinato de la democracia lo que más incomode es que la Sala Superior tome medidas para evitar vulnerar las elecciones:
“Tendríamos que hablar del asesinato que intentan hacer poco a poco de la democracia y que a ustedes no les ha costado, porque parece que para ustedes la democracia creció el día que ganaron la Presidencia y a quienes sí nos ha costado es a quienes hemos puesto la vida, incluso la misma vida para tener la democracia que hoy tenemos que sí es al PRD”, dijo.
JVR
