Aunque no está regulada a nivel nacional, pues hacerlo sólo ha quedado en una intención marginal en el Congreso de la Unión, la gestación subrogada es una práctica que echó raíces en México y atrae no sólo a mexicanos, sino también a extranjeros dispuestos a gastar hasta cerca de dos millones de pesos en esta forma que algunos especialistas definen como “mercantilización” del cuerpo, la vida y la transgresión a los derechos de mujeres y niñas y niños.
A pesar de lo controversial que resulta y la falta de un marco regulatorio, el alquiler de vientres logra su promoción abierta en el país, preponderantemente en redes sociales, donde agencias publican ofertas de empleo en busca de mujeres “realmente comprometidas”, “sanas”, jóvenes, que ya hayan sido madres y a quienes se les ofrece no un “salario”, sino “una compensación por su noble labor” para ayudar a otras personas a “cumplir un sueño”.
El pago a quienes acceden va desde los 250 mil hasta los 400 mil pesos, con un bono de cinco mil si se logra en el primer intento; la cifra exacta depende de si el procedimiento deriva en sólo un producto o si se logra un embarazo gemelar.
Pero esto es apenas una parte de lo que este “negocio” genera, pues el estimado que agencias consultadas por La Razón hacen de todo el proceso va de los 850 mil al millón 900 mil pesos, ya que además se costea el procedimiento para conseguir el embarazo, las consultas, la manutención de la persona gestante y los abogados que hagan posible que los “arrendadores” queden como los tutores legales del bebé, o buscar que la documentación “encaje” para que aparenten ser los padres biológicos ante el sistema e incluso puedan sacarlo del país sin inconvenientes.
En México sólo Sinaloa y Tabasco reconocen la figura de gestación por alquiler en su legislación. Sin embargo, es Sinaloa donde las agencias prefieren llevar los procesos.
Una de estas agencias es Gestación Sustituta México, que asegura a quienes le buscan que esta práctica es legal para todos los tipos de familias, sin importar el estado civil, país del que provengan ni la orientación sexual, porque “la ley mexicana protege el derecho que usted tiene a la reproducción”.
“En México existen 32 estados y el mejor lugar para llevar un proceso de este tipo es Sinaloa”, se lee en su sitio web, en el que afirma tener alianzas con los mejores hospitales y abogados, e incluso advierte a los ciudadanos extranjeros que después del nacimiento del bebé deberán quedarse en el país de dos a tres meses para gestionar la documentación y puedan llevárselo.
Pero que la regulación del tema llegue a nivel federal se ve lejos. En 24 años, lo que va del siglo, legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado apenas han propuesto 26 iniciativas abocadas a la materia, ya sea para regular o para prohibir el fenómeno en su totalidad.
En noviembre del año pasado, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva en San Lázaro dio a conocer que alistaba una iniciativa de reforma constitucional para que México no sea visto “como un país en el que se puede traficar con seres humanos, que nadie puede mercantilizar un cuerpo humano”, dijo entonces la vicecoordinadora morenista, Aleida Alavez, pero hasta ahora el proyecto sigue sin ver la luz.
Mientras tanto, en Internet esta práctica sigue no sólo desde agencias, sino entre personas que en lo individual recurren a las decenas de grupos en plataformas, como Facebook, para buscar quién les “alquile” un vientre, o bien, para ofrecer el “servicio”.
“Barato no es, a la gestante le tienes que pagar mínimo 200 mil pesos, eso fue lo que yo cobré y la verdad todo mundo dijo que era poco. La friega que una se lleva es mucha, las molestias del embarazo, aparte de que algunos sólo te ven como máquina de reproducción. Para una como gestante es complicado y eso sin contar el parto o cesárea, estamos entre la vida y la muerte. Para mí, un hijo no tiene precio y en verdad es difícil este proceso; yo mañana me alivio y no te imaginas el miedo que tengo”, compartió Diana Bello, quien por segunda ocasión renta su vientre.
Gabriela Ruiz, responsable de la línea de Investigación Trata de Personas en la UNAM, identifica la gestación subrogada como una “mercantilización” de la vida de niñas y niños y la transgresión a sus derechos, así como el de las mujeres gestantes, cuyo perfil principal corresponde a personas que vienen de contextos precarizados y ven en esta práctica una alternativa de sobrevivencia.
A los solicitantes los describe en condiciones más favorecedoras, en matrimonios homoparentales, homosexuales, solteros y con alto nivel adquisitivo, que les permite, explica, “comprar o solicitar estos servicios”.
Describe a la práctica como adultocentrista en donde “se sobrepone un deseo adulto de ejercer el maternaje y el paternaje a costa de lo que sea, no importa cómo: ‘Yo, adulto, puedo adquirir un producto, que es un niño o una niña, y no importa el medio a través del cual lo haga’”.
“Se les mercantiliza, se les reduce a una calidad de objetos, en su fase más perversa los anula como seres humanos (...) Es necesario romper con estos ciclos de violencia, porque no sé qué puede pasar en la vida de una mujer que ha dejado a sus hijos e hijas. Eso llega a generar culpa y una huella (...) imposible de borrar”, declaró.
