La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló anomalías por más de dos mil millones de pesos en el gasto que las entidades federativas y también el ahora extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hicieron en tres fondos con los que se debe garantizar la salud de la población.
Un análisis específico al gasto federalizado correspondiente a la tercera entrega hecha a la Cámara de Diputados, halló distintas irregularidades en tres fondos: el de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, y el de Atención a la Salud.
La irregularidad total es por dos mil 332 millones de pesos, de los cuales la bolsa más grande que hasta ahora se presume como un presunto daño al erario —por 972.2 millones de pesos— recae sobre el Insabi, constituido el 29 de noviembre del 2019 con el objetivo de proporcionar el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y medicamentos, sobre todo en las regiones de mayor marginalidad en el país.
Dicho posible perjuicio a las arcas públicas se divide en dos partes. La primera, que se localizó en el Programa para la Atención a la Salud y Medicamentos, identificado con la clave U013, por 651.2 millones de pesos, por no acreditar la entrega de medicamentos, material de curación y otros bienes a 17 estados del país, así como por no realizar pagos a proveedores.
En este mismo programa se indicó que las 32 entidades federativas registraron irregularidades por 294.8 millones de pesos pendientes de aclaración, donde Hidalgo, Morelos, Chihuahua y el Estado de México son en los que se identificaron las cifras más elevadas, pues concentran el 65.6 por ciento del monto total por justificar.
La segunda parte relativa al Insabi se encuentra en el Programa de Atención a la Salud, con clave E023, donde debe aclarar el gasto de 321 millones de pesos por realizar pagos no autorizados en los convenios de colaboración a los trabajadores eventuales, así como a contratistas por servicios de mantenimiento que no fueron ejecutados.
En este programa, igualmente se hallaron inconsistencias en las entidades federativas por 586.2 millones de pesos, pero se aclararon 331.3 y otros 18.8 millones se reintegraron, por lo que quedó un monto de 236.1 millones de pesos por solventar.
Los estados con la mayor carga son Chiapas, Puebla y Colima, con 176.3 millones de pesos, 28.2 millones de pesos y 20.9 millones de pesos, lo que en suma representa el 95.5 por ciento del monto total por aclarar.
Entre las causas principales se enlistó la falta de documentación que justifique y compruebe gastos, y erogaciones no autorizadas por las dependencias a cargo.
Lo anterior se deriva de la falta de una sistematización del registro y control de la información y documentación del gasto, falta de planeación o hasta el desconocimiento de los convenios que se acordaban o de la normativa aplicable.
En cuanto al FASSA, las anomalías fueron por 829.8 millones de pesos y donde las entidades con mayores montos fueron Estado de México, Nayarit e Hidalgo, con 453.0 millones de pesos, 123.8 millones y 63.1 millones de pesos, que representan 77.1 por ciento del total.
La adquisición de bienes que no fueron localizados, que no operan u ofrecen servicios; la contratación de personal que no cumplía con el perfil académico requerido; recursos no ejercidos ni devueltos, o pago a personal dado de baja y transferencias a otras cuentas bancarias, figuran como algunas de las causas de este monto irregular que los estados deberán explicar.
