Diana Luz Vázquez, impulsora de la llamada ley Sabina, relacionada con la violencia vicaria, advirtió que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión, lo que vulnera a miles de niñas, niños y adolescentes, además de que el 77.5 por ciento de las madres solteras enfrenta la evasión de las obligaciones de sus exparejas.
Con una labor titánica al coordinar en el país a mujeres en busca de justicia para ellas y sus menores hijos, aseguró que para muchas madres “solicitar la pensión abre la puerta de la violencia vicaria”.
La activista afirmó a La Razón que aunque actualmente existen registros estatales que concentran datos de los deudores alimentarios en todo el país, son la Ciudad de México (46 por ciento), Estado de México (32 por ciento), Chiapas (16 por ciento) y Coahuila (10 por ciento) las entidades con el mayor número de deudores, y por ello es que la reforma pretende homogeneizar el sistema, para garantizar el desarrollo integral de los niños.
Diana Luz comentó que ella decidió nombrar la iniciativa que preside como “ley Sabina” en honor a su hija, quien lleva ese nombre, y con el firme propósito de reformar el Código Civil Familiar y crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Durante el 2022 —último año registrado con estos datos—, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 150 mil 945 divorcios judiciales registrados en México, el 47.5 por ciento de las personas separadas dijo contar con al menos un hijo, “y de ese porcentaje, sólo un alarmante 0.2 por ciento acude a algún juzgado de manera voluntaria a hacer por vía legal la entrega de manutención para sus hijos”, señaló la activista.
Adicionalmente, mencionó que las mujeres enfrentan otro tipo de violencias, además de la económica. Se trata de la violencia psicológica, revictimización de las autoridades, presión social, acoso por parte de familiares de la expareja y de la misma expareja, y estafa por parte de los abogados.
También, agregó, la pérdida de empleo o empleos, donde sus empleadores les niegan permisos para audiencias o cuidados de los hijos, lo que las convierte en “una bomba emocional que detona en enfermedades y casi siempre pobreza, por lo que abandonan sus procesos de demanda”.
Una de las víctimas de la violencia vicaria es Naxhelli Miriam Riveros Rojas, enfermera de profesión y madre de una niña, quien desde que se separó de su pareja, su vida ha tenido un giro drástico.
El 28 de enero del 2024, ella vivió una situación que, afirmó, “nunca se la desearía a nadie”. Y es que el padre de su hija menor sustrajo a la niña a las puertas del Centro de Convivencia Familiar Ecatepec (Cecofam).
La Colectiva Ley Sabina se ha mantenido cerca de esta joven madre y su caso, y señaló que este ejemplo es sólo una forma de hacer ver la situación de violencia que sufren las miles de infancias y madres que luchan por una pensión alimentaria digna, una vida libre de violencia y acceso a la justicia.
El pasado 27 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, validó diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, incluyendo la definición de violencia vicaria, por considerarla una herramienta necesaria para combatir la violencia contra las mujeres.
Dicho proyecto fue presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, derivado de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CDHSLP), que alegó que las disposiciones de la ley “eran discriminatorias por no considerar a los hombres como víctimas”.
Para la abogada penalista y especialista en derechos de las infancias en México Vianey Martín del Campo Vera, la acción de inconstitucionalidad promovida por la CDHSLP, derivada del reclamo de un particular, es consecuencia de “una ola de creciente violencia con la cual hombres que se han asumido víctimas van contra los avances que llevan realizando mujeres que los evidencian ante sus omisiones con sus hijos; ellos velan más por sus derechos que por los de esos menores.
“La resistencia es enorme y en gran parte es debido a que hay infinidad de funcionarios, desde diputados locales y federales, que son deudores alimentarios, o una vez que otorgan una pensión, controlan a la madre exigiendo detalles de cómo gastan la pensión, dudando de su forma de criar y de maternar, creando otro tipo de violencia; por ende, el patriarcado está cerrando filas para bloquear los avances de los derechos de las mujeres y, sobre todo, de los niños”, dijo.