De los 15 asesinatos reconocidos por el Gobierno federal de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular en el proceso 2023-2024, permanece la impunidad en 93 por ciento de ellos, pues sólo un presunto implicado ha sido detenido y vinculado a juicio por la muerte de Yair Martín Romero, aspirante a diputado federal en Ecatepec.
Hasta el momento, ninguno de los homicidios ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), como en un momento abrió la posibilidad el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y todos se encuentran en manos de las fiscalías de los estados donde ocurrieron los hechos.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al corte del 2 de abril de este año, contrastan con los “otros datos” de organizaciones y colectivos, que advierten que la cifra de homicidios de aspirantes es más alta, como recientemente lo dio a conocer Causa en Común, que reportó 24 casos.
Para los organismos independientes, los 15 asesinatos reconocidos por el Gobierno son cifras que se quedan cortas. La consultora Data Int contabiliza 28 ejecutados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre del 2024 y 11 en la segunda mitad del 2023; es decir, 21 en total.
Ante la ola de violencia que, a decir de los expertos, parece imparable, a un mes y medio de que se celebren los comicios más grandes de la historia del país, plantearon la urgente necesidad de que gobierno, partidos políticos y candidatos se sumen a un pacto nacional de civilidad.
Ahora no estamos viendo que hay un pacto para combatir la violencia o reducirla o que dé certeza a los candidatos para que puedan competir, ya no sólo en equidad de condiciones e igualdad, sino con la seguridad y la tranquilidadSebastián Godínez, Politólogo de la UNAM
Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM, destacó la necesidad de convocar, desde el Poder Ejecutivo, a los partidos, gobiernos estatales y candidatos a concretar un acuerdo de civilidad que permita transitar a la vía democrática, de manera pacífica, debido a que la violencia y los ataques entre actores políticos está “desbordada”.
“Tomando en cuenta el año 1997 hasta el 2018, los partidos llamaban a pactos de civilidad, había un marco jurídico que se establecía de respeto para evitar esto, y que si bien no se contenía del todo, sí era parte de llamar a la solución y a combatir la violencia.
“Sin embargo, ahora no estamos viendo que hay un pacto para combatir la violencia o reducirla o que dé certeza a los candidatos para que puedan competir, ya no sólo en equidad de condiciones e igualdad, sino con la seguridad y la tranquilidad. A mí es lo que me preocupa, que si no hay seguridad, entonces la democracia se ve lastimada”, refirió a La Razón.
Datos de la SSPC establecen que ninguno de los 15 candidatos, precandidatos y aspirantes asesinados contaban con protección de las fuerzas policiales y armadas. Ocho de ellos eran de Morena, dos del PAN e igual cifra, de la coalición PRI, PAN y PRD; y con uno los partidos Movimiento Ciudadano, y el Partido Verde.
En el caso de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada el 1 de abril, no contaba con antecedentes de amenazas o denuncias. La Fiscalía de Guanajuato tiene la investigación en sus manos y fueron capturadas cuatro personas, pero no se ha comprobado su participación directa en el homicidio.
También fueron ejecutados Miguel Ángel Reyes, a la alcaldía de Maravatío, Michoacán; Jaime González, que buscaba la presidencia municipal de Acatzingo, Puebla; Ricardo Taja, aspirante a diputado federal en Guerrero; Manuel Hernández, a diputado local de Misantla, Veracruz; Miguel Tomás Morales, alcaldía de Chilapa, y Guillermo Torres, a la reelección de Churumuco, Michoacán.
En el caso del aspirante a diputado federal por el distrito 16, Yair Martín Romero, se abrió carpeta de investigación en la Fiscalía de Homicidios Valle de México y se detuvo a Enrique “N”, de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (Unson), como presunto responsable material del crimen, quien ya está vinculado a proceso.
Para el exconsejero electoral Marco Antonio Baños hay deficiencias en el protocolo de protección para los diversos candidatos a cargos de elección y mucha burocracia. “Cuando eso ocurre (otorgar seguridad), lamentablemente ya asesinaron al candidato que la está pidiendo”.
Planteó que se haga una asignación de protección cautelar inmediata de carácter provisional, “hasta que definan todo el tema de la burocracia, el papeleo que tienen que seguir” en el INE (Instituto Nacional Electoral), los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) y las instancias de seguridad federales y estatales.
Marco Baños ejemplificó el caso de la abanderada de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, el cual evidenció, “con mucha crudeza, cuáles son las deficiencias del protocolo. En primer lugar, el INE no es autoridad competente para garantizar la seguridad de las candidaturas. Segundo lugar, es un tema de mucha burocracia: el INE recibe las propuestas, en este caso las tiene que canalizar hacia el OPLE; éste, a su vez, a la Secretaría de Gobierno del estado y luego después se tiene que analizar si le van a dar o no la protección a esa candidatura. Ocurre lo mismo a nivel federal”, explicó a este diario.
De las cifras de ataques en los últimos tiempos da cuenta el proyecto “Votar entre balas”, de Data Cívica, que en alianza con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reportó que desde el 2018 a lo que va de 2024 se han registrado mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Marco Baños advirtió que “si no reducen la tramitología que se sigue para estos temas, pues lamentablemente corremos el riesgo de seguir comentando asesinatos día tras día”.
Amenazas y levantones, otra forma de violencia
“Sí, me han levantado unas horas, la mayoría de las veces. El máximo, dos días”, reveló el líder de un partido político local del sur de la República Mexicana, sobre la violencia electoral de la que sus candidatos a diversos cargos de elección popular han sido víctimas por parte del crimen organizado.
Después del homicidio de políticos y candidatos, que hasta el 9 de abril suman 52 casos, el secuestro exprés, la retención ilegal de la libertad por determinado tiempo, o la no localización por ciertos lapsos, son las principales amenazas que registran los personajes.
El fenómeno se centraliza a nivel local y municipal, con los aspirantes a alcaldes, regidores y síndicos. La Razón hizo un cruce de datos con reportes internos del Instituto Nacional Electoral, registros periodísticos y entrevistas con líderes de partidos políticos nacionales y locales.
Todos coinciden en que la problemática es una realidad durante el proceso electoral en curso. Denuncias formales no existen ante las autoridades por el miedo a represalias, tampoco queja oficial de partidos políticos ante los institutos electorales locales.
“El que existiera un registro formal de secuestro de candidatos nos hace más vulnerables a todos, pero de que pasa, pasa, es un hecho”, dijo la consejera presidenta de un organismo electoral local, bajo el anonimato.
“En la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos, por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones. A veces es posible advertir los casos, cuando algún aspirante o precandidatura abandona la contienda”, detalló Laboratorio Electoral en su segundo reporte de violencia electoral del mes de abril.
Nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas es lo que informa el organismo, y destaca que estas cifras representan un incremento de más del 200 por ciento respecto a su reporte de febrero.
“La veracidad de los números queda a reserva de las dirigencias partidistas al no haber ningún registro público ni respaldos oficiales de las cifras”, advirtió el documento de Laboratorio Electoral.
Las amenazas, que también incluyen advertencias de secuestro o de levantón para el candidato o sus familiares, suman 75 divididas en el país.
Víctor Hugo Sondón, representante del PAN en el Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció el nivel de penetración del crimen organizado en algunas regiones del país. “La zona sur del Estado de México, la mayoría de los municipios tienen que recibir el palomazo de los grupos delictivos, si no, no pueden ser candidatos, y si se empeñan en ser candidatos, son levantados, como se dice coloquialmente en la zona”, afirmó a La Razón.
Dijo que ningún partido político está exento del acoso a candidatos, principalmente a presidentes municipales. “Hay unos que se han bajado de las contiendas, no en su interés por participar, sino por el miedo a participar han decidido no competir y es porque han sido amenazados por la delincuencia organizada y han sido perseguidos, y, si no, intimidados con alguno de sus familiares también”, declaró.
El caso más reciente de este fenómeno se registró el fin de semana pasado en Sinaloa, donde Luis Alonso García Corrales, secretario del Partido Sinaloense y candidato a regidor de Culiacán, Sinaloa, fue reportado como desaparecido. “Se hacía acompañar de Juan Francisco Cerón Beltrán. Dado que no se han podido contactar ni ubicar, se teme que hayan sido privados ilegalmente de su libertad”, informó el gobernador Rubén Rocha.
Marchan por candidato desaparecido en Sinaloa
Familiares y amigos del candidato a regidor de Culiacán, Luis Alonso García Corrales, y de Juan Francisco Cerón Beltrán, del Partido Sinaloense (PAS) marcharon para exigir su regreso con vida después de que fueron “levantados” la mañana del sábado en Culiacán, Sinaloa.
Al encuentro asistieron militantes del PAS, el PAN, el PRI y el PRD; caminaron desde La Lomita y recorrieron toda la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al Parque Revolución.
Entre consignas como “todos somos Luis”, “Fuera Rocha”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, el contingente extendió su reclamo por la desaparición del candidato y su acompañante.
De acuerdo con el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ambos hombres fueron detenidos por una patrulla de la Policía Estatal y posterior a ello se desconoce su paradero, por lo que aseguró que la delincuencia que existe es culpa del gobierno del estado y responsabilizó a las autoridades estatales por constantes “levantones”.
“Es el principio de una lucha para que aparezcan nuestros compañeros. Estamos luchando contra una inseguridad muy grande que se vive en Sinaloa”, dijo.