Avala 4T en Senado limitar amparos y que el Presidente dé amnistía a presos

Con 69 votos a favor, Morena y sus aliados en el Senado de la República aprobaron, en lo general y lo particular, las reformas a la Ley de Amparo, con la que se limita a jueces en el otorgamiento de suspensiones ante la presentación de amparos contra leyes que expida el Congreso, sobre lo cual la oposición acusó que se ha despojado, a la población y a los distintos sectores, de la herramienta jurídica que ha permitido la defensa ante abusos de autoridades.

La iniciativa fue propuesta por el morenista Ricardo Monreal Ávila para modificar los artículos 129 y 148 de la ley, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para que cuando se resuelvan juicios de amparo y se determine la inconstitucionalidad de una norma general, “en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

En la tribuna, el panista Damián Zepeda, esto significará que, al eliminar la posibilidad de que los jueces concedan suspensiones, mientras se resuelve un juicio contra alguna norma, se podría consumar el “daño” que ésta podría representar.

“Esa fracción es la que le interesa al Gobierno, para que no les puedan parar sus actos de uso y aprovechamiento de los bienes de dominio… No va a haber poder humano que pare un acto abusivo que esté dañando la población”, dijo.

La priista Nancy de la Sierra dijo que con esto México se coloca como un ejemplo de fortalecer una reforma contraria a reforzar la protección de derechos humanos, ya que elimina un medio de protección para los ciudadanos.

Y aunque el autor de esta reforma, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, calificó —entre manoteos— estos argumentos como “alejados de la realidad”, provenientes de una “enorme ignorancia”, que son una “gran estupidez creada en la mente de la perversidad y de malos mexicanos”, admitió directamente que el objetivo de esta reforma es evitar que un juez declare inconstitucional una norma avalada por el Poder Legislativo.

“Precisamente lo que yo no quiero con la reforma es que el juez declare inconstitucional una norma, el juez no puede declarar inconstitucional una norma, está impedido… es invadir nuestro trabajo y no puede derogar una norma que ha surgido de un proceso legislativo del Congreso. Puede proteger a una persona de actos reclamados, pero no puede decir que la norma es inconstitucional”, dijo.

Insistió en defender que lo que se aprueba en el Congreso no debe ser modificado por jueces ni por otros órganos, como el INE o la Suprema Corte, porque lo ve como una “dictadura de la toga”.

Germán Martínez, del Grupo Plural, le preguntó si no le parecía un exceso este término, cuando ni con suspensiones judiciales se ha logrado designar a los comisionados faltantes en el Inai, y cuando al mismo morenista se le concedió una suspensión contra Layda Sansores para que dejara de calumniarlo, a lo que Monreal respondió: “A la compañera Layda Sansores ya la perdoné, somos amigos de partido y hay de todo en la viña del señor”.

Nadia Navarro (PRI) reviró y dijo que en el Poder Legislativo “no somos perfectos”, para lo cual recordó que se frenaron reformas como el Plan B electoral, que se avalaron con faltas al proceso.

“Queremos defender la voluntad del Legislativo, pero también tenemos la obligación de ceñirnos al proceso legislativo, respetar las formas y la ley, por eso existe el Poder Judicial, para defender estos contrapesos. Nadie quiere usurpar la voluntad de nuestro voto, pero no somos del todo merecedores del reconocimiento. Aquí han votado como aplanadora sin razonar, sin defender y considerar la ley”, reclamó la legisladora.

También del PRI, Beatriz Paredes consideró que se llevó a cabo un falso debate al intentar, desde Morena, defender lo que se legisla en el Congreso, porque en este mismo “hay una mayoría parlamentaria subordinada al Poder Ejecutivo que, a juicio de algunos, vota y legisla legislaciones inconstitucionales que son señaladas e impugnadas por algunos ciudadanos”.

Dijo que la aprobación de esta reforma no corresponde a la tendencia de democratización y, para ella, significa una regresión en donde el Poder Legislativo actualmente quedó subordinado a la partidocracia. Ahora los cambios aprobados serán enviados a la Cámara de Diputados, donde se turnará a comisiones y se llevará al pleno para su rectificación.