La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió la aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado de la República, pues con ello se otorgaría facultades a la Presidencia en materia de indultos para “romper el pacto de silencio” y resolver el caso Ayotzinapa.
“Estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper, encontrar a los jóvenes, la ubicación”, declaró ante el Presidente en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Expuso que se trata de un esfuerzo mayúsculo para que algunos involucrados puedan aportar información, se sinceren respecto de qué pasó y quién ordenó que sucediera con la desaparición de los 43 estudiantes.
“Aquellos que conocen o que saben, dónde pudieran estar y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar”, explicó la encargada de la política interior del país sobre la ley de amnistía que concede el perdón a actos delictivos en algunos casos.
Estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper, encontrar a los jóvenesLuisa María Alcalde<br>Secretaria de Gobernación
La Ley de Amnistía fue aprobada el miércoles en el Senado de la República, con 67 votos a favor y 32 en contra, luego de un intenso debate entre los legisladores.
Alcalde Luján aseguró también que más de 23 gobernadores y las 32 fiscalías locales están a favor de mantener la prisión preventiva en el país.
“Por ahora más de 23 gobernadores sacaron un desplegado, pero hay preocupación de todas las fiscalías y prácticamente de todos los gobernadores en este sentido porque saben y conocen que puede ser problemático para la gobernabilidad y para la seguridad de sus entidades”, refirió.
La funcionaria federal aclaró a la oposición que eliminar la prisión preventiva no es un asunto exclusivo del gabinete de seguridad ni una preocupación que solo está en el Gobierno federal.
Insistió que los gobernadores, fiscales y hasta secretarios de seguridad están preocupados por lo que significaría el cambio de medida cautelar para alrededor de 68 mil personas que actualmente están bajo esta figura.
“De cambiar este criterio, de nulificarse el artículo, van a pedir de inmediato el cambio de medida cautelar. Imagínense el Estado de México con más de 20 mil casos donde de repente van a llegar a los juzgados y se les va a exigir a las fiscalías que lleven a cabo las audiencias para el cambio de medida, por eso el riesgo de que muchos de ellos se determine su libertad”, enfatizó.
Alcalde llamó el martes a la Corte a no eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, pues de lo contrario quedarían libres 11 mil 640 acusados de homicidio, siete mil 150 de secuestro, cinco mil 617 de violación, cuatro mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, tres mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 abuso infantil y corrupción de menores, y 405 de delincuencia organizada.
Expuso que esto tendría un impacto en la seguridad del país, pues es sabido que hay corrupción en el Poder Judicial y provocaría que los jueces dejaran a los presuntos delincuentes en libertad.
“Esperamos que se pueda hacer una valoración que permita tener más elementos para tomar una decisión que puede tener un impacto importante”, concluyó.