Ni las advertencias de múltiples errores identificables a la primera lectura, ni la advertencia de la oposición sobre las acciones de inconstitucionalidad que interpondrá, y mucho menos los insultos y descalificaciones, fueron impedimento para que Morena, PT y PVEM aprobaran ayer las reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, que ahora pasarán a manos del Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La primera fue avalada con 254 votos a favor y consta de cambios que suprimen la posibilidad de que jueces concedan suspensiones con efectos generales al momento de atender un amparo contra reformas o mandamientos que se consideren violatorios de derechos, por lo que cuando un juez decida frenar un proyecto en tanto resuelve el asunto de fondo, esto sólo beneficiará a la persona quejosa y no a todas aquéllas que se encuentren bajo las mismas condiciones en el supuesto de vulnerabilidad.
La morenista Adriana Bustamante pidió a la población que “no crea las mentiras de la oposición” y acusó que el Poder Judicial decide bajo criterios unipersonales y bajo la discrecionalidad, que durante seis años ha “utilizado este mecanismo para hacer de las suyas”.
El diputado morenista, Juan Ramiro Robledo, salió en defensa del proyecto bajo el argumento de que jueces ahora gobiernan el país y dictan suspensiones casi de manera inmediata contra leyes que avalan en el Congreso, sin haber estudiado más el asunto.
Advirtió que, para la próxima Legislatura, su partido promoverá más reformas, como cambiar el alcance del artículo primero de la Constitución en cuanto al principio de progresividad, con el que se impiden regresiones a los derechos, y otra para que en el Senado o la Cámara de Diputados, con dos terceras partes de sus integrantes, se pueda revocar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta enfrente una consulta antes de emitir una resolución.
Por la noche se avaló, con 258 votos, la reforma a la Ley de Amnistía, para ceder al Presidente de la República la facultad exclusiva para absolver a criminales.
Esto lo consiguió al aprobar la adición de un artículo 9 a dicho mandamiento para que la persona titular del Ejecutivo federal otorgue el beneficio de amnistía, sin necesidad de sujetarse a procedimientos que marca la ley, cuando las personas privadas de la libertad aporten elementos “comprobables” que sean útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.
El morenista Antonio Estrada reviró contra la oposición y sostuvo que esta reforma permitirá esclarecer crímenes de Estado en gobiernos anteriores, como los casos de la masacre en 1968, Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco o en el caso Colosio.
La panista Rocío Reza advirtió que el proyecto atenta contra al menos 15 artículos constitucionales, como el 89, en el que se fijan las facultades del Presidente, por lo que, al cederle la batuta para amnistiar por medio de esta reforma, sin contemplar una armonización con la Carta Magna, se atentaría con dicho mandamiento.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática, Elizabeth Valdez aseguró que este proyecto tiene “nombre y apellido”: Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, y señaló al bloque guinda de sólo buscar “lavarse la cara” ante el caso Ayotzinapa, porque con esto pretenden conseguir la justicia que “no han podido”, e incluso refirió que el diputado Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes del caso, tampoco persigue el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el 2014, sino sólo acompaña “al autoritario del Ejecutivo”.
PJ respetará división de poderes, dice Segob
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, celebró la aprobación de la Ley de Amparo, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados la aprobara con 258 votos a favor y 213 en contra.
“Celebramos la aprobación en lo general de la reforma a la Ley de Amparo para garantizar que el Poder Judicial respete la división de poderes”, destacó en sus redes.
Dijo que lamentablemente, jueces con evidente “sesgo ideológico” se han excedido por completo en sus facultades constitucionales y, “sin ningún pudor”, han suspendido leyes o decretos que beneficiaban al pueblo de México para proteger intereses de grupo.
Por lo anterior ejemplificó la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex; además de la distribución de los libros de texto en perjuicio de la educación pública y gratuita; así como la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial para permitirles mantener sus privilegios.
Episcopado, preocupado por proyecto de defensa
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externó su preocupación ante cualquier confusión en la comprensión o eliminación del juicio de amparo que, dijo, constituye una herramienta esencial para la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades e injusticias por parte del Estado.
“En un contexto marcado por la corrupción y la impunidad, debilitar este instrumento jurídico atentaría contra los derechos fundamentales de la ciudadanía”, agregó.
En otro tema, la institución aseguró que la propagación de contenido con imágenes de la muerte distorsiona los valores fundamentales que caracterizan a la nación y erosionan el tejido social.
A través de un posicionamiento, señaló que ante la intensificación de la violencia y la “oscuridad” que amenaza al país, “reiteramos con mayor fuerza nuestro compromiso de trabajar por la construcción de una sociedad más justa, fraterna y pacífica”.
Apuntó que no pueden ignorar la “preocupante realidad” que enfrenta la sociedad, con la implementación de una “cultura de muerte y violencia” a través de la “narcocultura” que se difunde en las redes sociales, imágenes violentas, cultos distorsionados como el de la Santa Muerte y amedrentamientos digitales.
“Como Iglesia, denunciamos enérgicamente esta glorificación de la violencia y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se unan en un rechazo total a estas prácticas destructivas”, expresó.
La Iglesia ha hecho diversos llamados a la paz, con el fin de que haya tranquilidad en el actual periodo electoral, debido a la violencia que se ha generado.