La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó algunas disposiciones de la ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, expedida mediante Decreto número 204.
Lo anterior al considerar, en términos generales, que “no resultaban de utilidad para armonizar la ley local con la nacional, ni eran un modo de implementar ésta última. Tampoco se trataba de normas orgánicas, que crearan una autoridad administradora de los bienes, sino que solamente reiteraban el contenido de la Ley Nacional e, incluso, invadían la competencia del Congreso de la Unión para legislar en este ámbito”.
El Pleno destacó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, expedida por el Congreso de la Unión, en su transitorio tercero, ordenó a las legislaturas locales adecuar sus legislaciones en lo que se refiere a cuestiones orgánicas y competenciales relativas a la administración, enajenación y destino de los bienes que no estén reguladas expresamente en dicha Ley Nacional.
La Corte concluyó que lo anterior no significa que las legislaturas estatales tengan prohibido realizar adecuaciones en la regulación local. No obstante, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las normas no se encuentren reguladas expresamente en la Ley Nacional, sean congruentes con los parámetros establecidos y no presenten contradicción con lo previsto en dicha norma.
Lo anterior corresponde a la acción de inconstitucionalidad 79/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad del 14 de febrero de 2023, mediante Decreto 204 y bajo la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek.
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