A pesar de que persisten dudas, más de cuatro mil candidatos y suplentes pasaron el filtro del Instituto Nacional Electoral (INE) para corroborar que violentadores no lleguen a un cargo de elección popular, lo que se conoce como la 8 de 8 contra la violencia.
Esta mañana, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y no Discriminación avalaron el proyecto con el que se da luz verde a cuatro mil 485 candidaturas que fueron investigadas en tribunales de justicia y en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias, y respecto de las cuales también se recibió opinión ciudadana.
Sobre este punto, la ciudadanía señaló que 13 personas candidatas habrían incurrido en alguna falta constitutiva de violencia, mientras que las autoridades jurisdiccionales apuntaron 448, lo que arrojó un total de 461 “posibles hallazgos”.
Un posible hallazgo indica que una autoridad realizó un señalamiento sobre alguna persona candidata expresando lo que a su consideración sería de interés de la autoridad electoral.
Al estudiar los casos se descartaron faltas en materia civil, familiar, mercantil, penal y electoral, o se descartaron registros de morosos alimentarios.
Sin embargo se explicó que hubo casos en donde no se pudo constatar información respecto a las candidaturas debido a que en algunas entidades federativas no había herramientas de consulta.
Además, algunas candidaturas pasaron el filtro al argumentar que, en algunos casos donde su nombre aparecía como señalado en determinadas faltas que les impedirían continuar en el proceso electoral, más bien se trataba de homónimos y a razón de lo cual presentaron una carta bajo protesta de decir la verdad.
Al respecto, la consejera Dania Ravel propuso solicitar que en siete casos se solicite la misma carta a las personas candidatas que no lo hicieron, para asegurar que su aparición en algún registro no corresponde a ellas sino a otras con el mismo nombre.
Además, comentó que hay casos que fueron descartados como un motivo para anular su candidatura debido a que las sentencias que recibieron y que las harían incumplidoras de las 8 de 8, fueron antes de las reformas que se aprobaron en 2020 y 2023 en materia de violencia política de género.
Sobre el punto, la consejera Carla Humphrey advirtió que con esto “nos quedamos cortos y cortas”, porque con esto “deja un poco de lado el origen o el objetivo de la propia reforma en materia de violencia política en razón de género que es justamente hacer que las personas violentadoras no ocupen cargos de elección popular”.
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