Por unanimidad, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión que ordenaba al Gobierno realizar los trámites para aplicar la prueba PISA, concedida el 7 de mayo por la jueza Ana Luisa Priego, en un juicio de amparo que interpuso la asociación civil Educación con Rumbo.
El tribunal colegiado determinó ayer que no está claro, en el momento inicial del juicio, si la prueba PISA forma parte de un parámetro de control constitucional y de derechos humanos que puedan ser protegidos mediante amparo.
La suspensión fue otorgada cuando crecían las versiones de que el Gobierno pretendía no participar en la prueba, lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió en días pasados.
La SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño (...) por desacatar una instrucción del Presidente de la República (...) y por violar un mandato del Poder Judicial de la FederaciónMiguel Ángel Ortiz, Abogado de Educación con Rumbo
“Será materia del análisis que se haga de los instrumentos por los que el Estado mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); no podríamos juzgar esta cuestión”, dijo el magistrado David García.
Será hasta el 27 de mayo que se resuelva si se concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De lo anterior, el tribunal colegiado dijo que “es poco probable que la jueza insistirá en conceder la suspensión, y es previsible que el Gobierno pedirá desechar el amparo, ante su manifestación expresa de que sí se aplicará la prueba”.
Antes de que se diera a conocer la resolución del tribunal colegiado, Educación con Rumbo había denunciado que la SEP y Mejoredu se habían negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial para llevar a cabo los trámites y gestiones para que se realice la prueba en 2025.
Derivado del amparo presentado por Educación con Rumbo, el PJF ordenó días antes, a la SEP y a Mejoredu, llevar a cabo todos los trámites y gestiones con el fin de garantizar que se realice la prueba PISA.
Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa no han garantizado formalmente que la OCDE lleve a cabo la prueba que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias en los niños de 15 años en México.
El abogado Miguel Ángel Ortiz, perteneciente a Educación con Rumbo, refirió que, dentro del amparo, la SEP y Mejoredu se han negado a cumplir la suspensión concedida por el PJF, lo cual pudiera dar lugar a sanciones que van desde multas hasta la destitución e inicio de procedimientos de carácter penal.
“Al día de hoy, la SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera, por desacatar una instrucción del Presidente de la República, quien manifestó que la prueba PISA se realizaría, y la segunda, por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación”, dijo el abogado.
Por su parte Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la asociación civil Educación con Rumbo, subrayó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la prueba PISA, considerando que estamos a ocho semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro de la cual debe realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la prueba PISA a ejecutar durante 2025”.
