El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso freno a la “separación inmediata” de Samuel García, al cargo de gobernador de Nuevo León. Sin embargo, se declaró la validez del acuerdo aprobado por la legislatura local para someter al mandatario a juicio político, en que tendrá que ser realizado por el Congreso y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.
Con votación unánime de los 11 ministros, se aprobó el proyecto elaborado por Luis María Aguilar Morales, quien planteó declarar inválida la porción del artículo 203 de la Constitución del estado, reformada por el Congreso local, que ordenaba la separación, con carácter de inmediato, al cargo de gobernador.
En su proyecto, el ministro ponente dijo que el procedimiento de juicio político, previsto en la legislación local, “resulta inconstitucional al obligar al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León a someterse a un procedimiento que potencialmente faculta a una autoridad a separarlo de su cargo, sin ser la competente para emitir ese tipo de sanciones”.
Al tomar la palabra, el ministro Luis González Alcántara Carrancá fundamentó que el cargo del gobernador “está protegido en la Constitución, contra interferencias indebidas que coincidan en una alteración del mandato que, además, es consecuencia del voto popular”.
Aunado a lo anterior, el pleno detalló que las y los integrantes del Poder Legislativo neoleonés no cuentan con las facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador. Por ello, recordó que la separación del cargo es una facultad del TSJ, debido a que se necesita una sentencia.
De esta manera, sólo si el Congreso local considera que García Sepúlveda incurrió en faltas graves, el emecista deberá dejar la gubernatura de la entidad, si no, podrá mantenerse en el cargo; sin embargo, la decisión final será del TSJ del estado. Además, durante el proceso deberá seguir con las funciones que marca la Constitución de Nuevo León para su encomienda.
