Como parte de las actividades por el Día Mundial Sin Tabaco, que iniciaron el 31 de mayo, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) llevaron a cabo el foro “Proteger a niñas, niños y jóvenes de la interferencia de la industria tabacalera”
En ese contexto, el titular de Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán, hizo un enérgico llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a jueces y magistrados a velar por la salud por encima de los intereses económicos y de la industria del tabaco. “No es posible permitir la preeminencia del poder económico por encima de la salud de los mexicanos, de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Señaló que la agenda que prioriza a niñas, niños y adolescentes es la que se debe seguir, “preguntándoles cómo se sienten, qué les preocupa, y transformar esas preocupaciones en políticas públicas”.
70% de las personas que asisten a bares están expuestas a productos de tabaco
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, puntualizó que pese a los esfuerzos emprendidos en esta administración y los resultados en materia de control de tabaco, aproximadamente 70 por ciento de las personas que asisten a bares y centros nocturnos y 18 por ciento a restaurantes, están expuestas a productos de tabaco.
Informó que ha sido posible disminuir la exposición al tabaco de segunda mano en lugares públicos, pero cuando están los intereses comerciales involucrados en restaurantes y bares, ha costado mucho trabajo.
Se refirió a tres amparos que prosperaron en el seno del Poder Judicial y que se plantearon en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y de su reglamento, por lo que se pronunció a favor de ponderar el interés superior del derecho a la salud por encima de intereses comerciales particulares de los principales actores de la industria tabacalera en México.
Manifestó que la prioridad del control del tabaco debe materializarse en una política pública regulatoria que no se limite a convencer e informar sobre los riesgos, sino que se traduzca en una herramienta para restringir y eventualmente eliminar la exposición a productos de tabaco; “lo que tiene que hacer la industria en este caso es dejarse regular; pagar impuestos y dejarse regular”.
JVR
