Importante decisión tendrán los ministros de la Corte en el momento en que definan el futuro de la prisión preventiva oficiosa, pues deberán ponderar si atienden los lineamientos actuales o acatan la petición de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus organismos de derechos humanos, de suprimir esta figura por atentar contra las garantías individuales de las personas. Ahora fueron los fiscales estatales y el general los que alzaron la voz para demandar que se preserve esa figura jurídica, establecida en la Constitución, pues de lo contrario 60 mil personas sujetas a procesos por varios delitos graves, como feminicidio, homicidio, secuestro y delincuencia organizada, podrían obtener su libertad procesal y con ello poner en riesgo a quienes han denunciado, testificado o dado cauce legal a denuncias. Antes se pronunciaron en un sentido parecido todos los gobernadores de los estados. Así que la cosa no es menor. Pendientes.
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