A casi un mes de los comicios, las irregularidades financieras y electorales continúan aflorando ante los ojos de las autoridades que ven riesgos en las finanzas de al menos tres Organismos Públicos Electorales (OPLES) y advierten abusos contra mecanismos para beneficiar la representatividad de grupos vulnerados.
La Comisión de Vinculación con los OPLES reportó que los institutos locales de Morelos, Yucatán y Zacatecas se mantienen en riesgo alto a causa de carencias económicas para el primer semestre del año que han intentado paliar con solicitudes de ampliaciones presupuestales a los gobiernos de las respectivas entidades, mismos que no se las han autorizado o que lo avalado resulta insuficiente.
El Instituto en Zacatecas adeuda 5.6 millones de pesos, a causa de un convenio de colaboración con el INE. En Morelos, el OPLE pidió al Gobierno 73.9 millones de pesos, pero únicamente se le autorizaron 15..4 millones de pesos y luego otra de 17 millones de pesos. Ya en mayo, pidió 40 millones, pero esto no prosperó.
Para el caso de Yucatán, la ampliación pedida fue de 56.5 mdp que sigue en espera de respuesta y de la cual depende que se puedan pagar a proveedores y convenios con el INE.
El tema de la asignación de candidaturas entre los partidos también fue motivo de alerta entre consejeros. Al interior de la Comisión de No Discriminación e Igualdad de Género, la consejera Claudia Zavala advirtió un posible abuso respecto a las acciones afirmativas relativas a la comunidad LGBTIQ+, pues comentó la sospecha de suplantación de identidad de género.
Señaló que hubo casos donde posiblemente personas se autoadscribieron como mujeres transgénero para conseguir diputaciones locales, aunque no lo fueran.
Esto lo tachó como un acto indigno y “lacerante” por parte de los presuntos responsables que ocuparían cargos con lugares que “no les pertenecen”, ya que estos espacios se buscan para personas de sectores discriminados por la sociedad.
La consejera recordó que se marcaron pautas para no discriminar a las y los postulantes por medio de cuestionamientos para que acrediten su identidad, basándose en el principio de “buena fe” y esperando que el mismo no fuera defraudado.
Dado el contexto, en el que medios han advertido sobre candidatos hombres que se habrían hecho pasar por mujeres trans en Michoacán, mencionó que los colectivos ya han emprendido acciones para atacar estos abusos.
Además, recordó que los casos pueden ser sometidos ante los tribunales cuando se considera que hay evidencias.
“Es inadmisible e indigno que una persona que no pertenece a la comunidad LGBT+ ocupe un espacio destinado para dicha comunidad.
“Si bien las autoridades electorales partimos del principio de buena fe, existen las vías jurisdiccionales para revisar aquellos casos en los que se advierta un posible abuso del derecho. Nos corresponde como autoridades reflexionar para evitar este tipo de situaciones en lo futuro”, dijo en redes.