La excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, inscribió, a través del grupo parlamentario del PAN una iniciativa de ley que pretende sancionar con hasta 50 años de cárcel la intervención presidencial en elecciones.
La propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales para considerar como traición a la patria conductas como usar o permitir el uso de recursos públicos para beneficiar o atacar una candidatura, además de cometer violencia política contra una candidatura.
Remarcó que “el modelo electoral vigente proviene de lo ocurrido el año 2006, en el que el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la intervención electoral al titular del Ejecutivo, Vicente Fox”, pero “a pesar de que ha habido reformas posteriores, este modelo está agotado y quedó plenamente demostrado durante el proceso electoral 2023-2024”.
Muestra de ello, dijo, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medidas cautelares ante el riesgo de la violación en al menos 22 ocasiones, respecto de 31 conferencias “mañaneras”.
“En 14 ocasiones se declaró procedente la tutela preventiva para que el Presidente de la República se abstuviera de opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental”, explicó.
Dio cuenta de que en al menos 55 expedientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió sentencia a causa de actos del Presidente, “en el sentido de declarar que intervino para favorecer a las candidaturas de Morena”.
La excandidata presidencial apuntó en conferencia de prensa que esta iniciativa nació luego de que “a todas luces se mantuvo la intervención el Presidente López Obrador antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral (2023-2024) para favorecer a Morena y a sus candidatos” y recalcó que “esto es para que el Presidente de la República sea castigado por traición a la patria”.
Dijo que el TEPJF emitió una sentencia de violencia política en razón de género hacia su persona y aseveró que ha impugnado el hecho de que no exista una sanción a López Obrador; ya que no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico.
“Ante esto es inevitable admitir que es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que estas conductas del titular del Poder Ejecutivo federal sean tipificadas como traición a la patria”, dijo.
“Cualquier persona que ejerce violencia política en razón de género, uno, lo inscriben en el catálogo de violentadores. Dos, le ponen una multa. Tres, lo obligan a pedir una disculpa pública. Y cuatro, le piden que lea el manual del uso no sexista del lenguaje”, enumeró.
