En los últimos tres años, en el Congreso de la Unión se presentaron 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica, de acuerdo con un estudio publicado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
“Se han presentado 33 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de la Corte IDH, algunas de las cuales proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación, asegura la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, en el estudio titulado “Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente”.
Hay personas sin sentencia en centros penitenciarios
De acuerdo con los Principales Resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, había 220.5 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales, 61 mil 328, es decir, el 29.6% aún no contaba con una sentencia.
Asimismo, la investigación concluye que la discusión de la adecuación del marco jurídico nacional en torno a la prisión preventiva oficiosa es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, como de las víctimas de los delitos.