En el segundo foro de Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial (PJ), magistrados, constitucionalistas y abogados coincidieron en la necesidad de cambiar este sistema para que la justicia sea pronta y expedita, sin embargo, demandaron garantías de que los cambios serán a fondo, de forma escalonada, y no se vuelva a caer en actos de corrupción, nepotismo, donde unos cuantos decidan la aplicación de la ley.
En la sede de la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, los participantes insistieron en la necesidad de que la reforma incluya también a la Fiscalía General de la República, así como estatales, además de las comisiones de la Verdad, de Víctimas y de Derechos Humanos, o de lo contrario, estará incompleta la reestructuración al PJ.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aclaró que este parlamento abierto no es un acto de simulación, ya que, si bien su bancada posee en principio la mayoría calificada que el pueblo de México le otorgó, en el caso de la Cámara de Diputados, no significa que exista “rajatabla y sinrazón”.
“Esta apertura es un acto de voluntad política impulsada por quien será la próxima presidenta, quien solicitó escuchar opiniones que permitan construir un Poder Judicial honesto, al servicio de la gente y que garantice el derecho constitucional a tener una justicia pronta, expedienta y gratuita”, precisó.
Por su parte, el abogado Juan Alberto Ruvalcaba se pronunció en contra de que los jueces deban hacer campaña, si no que deben estar de la manera más humana, sensible y empática, dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que el país reclama.
“La elección popular de las y los jueces y magistrados, según la iniciativa de reforma, provocaría, vía la propuesta de candidatos a jueces por el Presidente y por los senadores y diputados, la intervención indirecta pero determinante de los partidos políticos en su elección. No sería una auténtica elección popular. No queremos un Poder Judicial que se deba, como ya sucede en algunos poderes judiciales locales, a cuotas de partido”, advirtió.
Con el tema “Conformación y reorganización del Poder Judicial de la Federación”, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, indicó que además de la iniciativa presidencial, se tienen 34 más de legisladores que propusieron cosas similares a las del jefe del Ejecutivo Federal.
Señaló que la idoneidad y excelencia de quien vaya a desempeñar el cargo de juez debe tener ingredientes adicionales a los de un gran jurista, así como visión de Estado, ya que el tribunal de la nación no es la última instancia de cualquier querella.
“Ese concepto de idoneidad debe quedar clara y sencilla, y redactado como una condición previa, de alguien que pueda presentarse ante las urnas para ser ratificado”, apuntó.
Víctor Flores, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección II, Toluca, aseguró que este gremio respalda la reforma, ya que no puede estar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura (CJF) en manos de una sola persona.
“Los trabajadores, sobre todo las mujeres, padecen de que no se respeta la igualdad de género, a las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres. En el Consejo de la Judicatura existen infinidad de demandas y quejas por acoso sexual, laboral, pago de horas extra que no son cubiertas; jornadas de trabajo de 14 y 16 horas, no se respeta la integridad de los trabajadores”, denunció el líder sindical.
Planteó que en el CJF, así como en el Tribunal de Disciplina Judicial, se integren representantes de los trabajadores que provengan del sindicato, para que exista un contrapeso, y se acoten las facultades del Consejo en materia de administración, vigilancia y disciplina.
Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, propuso que la reforma deberá ser gradual, y los candidatos a juzgadores sometidos al voto popular tengan candados estrictos; sensibilidad a la población más vulnerable y más receptivos, además de la carrera judicial.
“Dicen que la carrera judicial se va a respetar, así que hay que tomar la palabra, imponer perfiles adecuados más allá de la edad, que se tenga carrera sólida no menor a cinco años, no haber sido sancionado por falta grave. En caso de que no se cuente con carrera, las personas aspirantes deben aplicar examen de oposición”, agregó.
Asimismo, opinó que la primera elección popular debe recaer sobre las vacantes que existan de personas juzgadoras, “que sirva como ejercicio piloto para saber si resulta en un éxito, y después la votación popular”.
Advirtió que el nuevo organismo de administración judicial con cinco miembros será rebasado en el corto plazo.
Asimismo, el abogado Jaime Cárdenas, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), al destacar que es una reforma fundamental, consideró que la elección de los ministros se debe realizar el mismo día en que se elijan al resto de las autoridades de representación popular.
Afirmó, además, que el Tribunal de Disciplina tiene que ser muy poderoso y contar con herramientas para ser capaz de superar el secreto fiscal, bancario, fiduciario, congelar cuentas de funcionarios judiciales vinculados con actos de corrupción, y en la reforma secundaria se establezca el catálogo de delitos para los jueces, magistrados y ministros.
El constitucionalista de Jalisco, Javier Hurtado, aseguró que el PJ no debe ser autónomo; la autonomía es para función jurisdiccional; criticó los altos sueldos de los ministros de la Corte, a quienes de manera burlona, aseveró que “usan la ouija” para emitir sus resoluciones.
Ana Sofía Torres, maestra de la Universidad Panamericana, manifestó que se tiene que cuidar que sean mejores los procesos de elección de los miembros del Poder Judicial, que trasciendan el partidismo, las fórmulas de cuotas y amiguismos. Añadió que un juez ideal tiene que ser ético, probo y conocedor de la justicia.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinoza, externó que para la designación de las futuras generaciones de quienes impartirán justicia, se implementen mecanismos de selección rigurosos que aseguren que las y los candidatos sean idóneos e identificar a los más capacitados, priorizando inteligencia y capacidad sobre la popularidad.
Planteó respetar los derechos adquiridos de quienes actualmente ocupan un cargo de juzgador o magistrado, evitando sentencias nacionales o internacionales con posibles condenas al Estado mexicano; asimismo, considerar el retiro progresivo hasta terminar los periodos por los cuales fueron designados, para que cada vez que se genere una vacante siga el nuevo proceso de designación.
En ese sentido, Carlos Ruiz Moreno, director de la división de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G, señaló que en la propuesta de elección popular de ministros se debe garantizar la gobernabilidad, para no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Corte.
