Entre opiniones divididas, abogados, magistrados, sindicato y especialistas aseguraron que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial no están en riesgo con la reforma al sector, y se pronunciaron a favor de mantener y fortalecer la carrera judicial para acceder a un lugar en este sistema, ya que no pueden llegar por “popularidad” o improvisados para impartir justicia.
El líder del sindicato de trabajadores del PJ, Gilberto González Pimentel, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, criticaron el plan de austeridad que se pretende implementar en el Poder Judicial con la reforma enviada por Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, el 5 de febrero pasado.
Sodi Cuéllar consideró que frente a tantas carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. “El debate debe ser en favor de la autosuficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales”, puntualizó.
El magistrado destacó que en las entidades del país hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Inegi, en tanto que en el Estado de México la cifra disminuye a 2.8 togados.
“El personal es insuficiente, lo que genera lentitud y rezagos, que abatirlo debería ser uno de los principales objetivos de una reforma integral o al menos disminuirlo”, apuntó.
Gilberto González, líder de los trabajadores del PJF, propuso incluir en la reforma una garantía presupuestal equivalente al menos del dos por ciento del gasto programable, lo que reduciría los riesgos del debilitamiento de acceso a la justicia, y por consecuencia, fortalecer la división de poderes.
“La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no sólo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia de cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución y repercute en la salud de los trabajadores”, advirtió.
Por su parte, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha frenado diversas reformas del Presidente López Obrador como la eléctrica, rechazó el argumento utilizado por Morena de que en el Poder Judicial sólo hay corrupción y tráfico de influencias.
“Yo también me rehúso a creer que estos 30 años después de este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias. Tiene muchas oportunidades de mejora, por eso estamos aquí”, anotó.
Consideró que la carrera judicial, que se basa en el mérito y las capacidades, puede ser perfectible, además de que la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y la independencia judicial.
“Cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia, sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio”, dijo.
Sergio Arturo López, secretario del tribunal adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, destacó que no puede haber impartidores de justicia improvisados, por lo que subrayó la importancia de la carrera judicial.
“Así como el ejercicio de la política es una vocación, también la impartición de justicia requiere una vocación de tiempo completo. Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados (…) Es de destacarse como útil referente la importancia de una carrera judicial que respete el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. No basta el mero conocimiento técnico del derecho”, aseveró.
El magistrado Ricardo Garduño, manifestó, a su vez, que los cambios sean escalonados, democráticos, que respeten la paridad de género, y evitar un desgaste monetario en liquidación de personal así como en litigios, además de respetar el Estado de derecho y los fideicomisos relacionados con los trabajadores.
“Vean que quienes integramos la carrera judicial somos los de talacha, nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado. Juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta. De ahí la necesidad de salvaguardar, cuando menos, los fideicomisos relacionados con los derechos laborales”, enfatizó.
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