Tras advertir que la iniciativa de reforma judicial no resuelve el problema de raíz y que, si se aprueba en sus términos, no llegará al puesto la persona más capacitada, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, convocó al diálogo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Al clausurar las sesiones del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, a partir del cual el Poder Judicial presentará una propuesta de reforma alterna a la que presentó el Ejecutivo, Piña Hernández estableció que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito “indispensable” para la defensa de la democracia.
Señaló que, como está planteada la iniciativa presidencial, no llegaría a los distintos cargos en el Poder Judicial la persona que pasó años estudiando, preparándose para “opositar”, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los “grupos de poder”, lo que, señaló, “irónicamente es uno de los argumentos de esta reforma; es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, como a la virtual Presidenta, Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, señaló.
La ministra reconoció que México lleva muchos años inmerso en una importante crisis de seguridad pública y justicia, “nadie lo puede negar”, y sobre ello, aseguró, se ha escrito mucho y se han generado múltiples diagnósticos y propuestas de reforma, de las que dijo que en el Poder Judicial son conscientes. “Asumimos la responsabilidad que nos corresponde, pero justamente por eso decidimos intentar algo distinto”, argumentó.
“Este ejercicio busca encontrar los problemas en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia desde la base y con objetividad. Ello sólo se obtiene a partir de las voces de sus protagonistas”, apuntó.
La ministra refirió que, a partir de dichos diálogos, se ha encontrado que entre los problemas más importantes que se deben resolver destaca el hecho de que el 75 por ciento de las y los participantes se interesan por temas relacionados con los derechos de las personas, los derechos de las víctimas y temas relacionados con la seguridad pública.
“Fíjense: la independencia judicial, la carrera judicial y el funcionamiento de los tribunales sólo llaman la atención de las personas juzgadoras, que representan un nueve por ciento.
“Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente en los derechos de las víctimas. Los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia”, anotó.
Afirmó que, en segundo lugar, las personas desconfían de las autoridades, pero las autoridades también desconfían de las personas y de las otras autoridades. “Tenemos un sistema basado en la desconfianza”, destacó.
Piña Hernández señaló que el Poder Judicial necesita, de manera urgente, espacios y canales institucionales frecuentes y eficientes de comunicación.
En México también otro problema para entender y acercarse al Poder Judicial es que a las personas el derecho les parece distante, formal y complejo. Academia, abogados, integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores pudieron ver “que nuestra comunicación con las personas ha sido ineficaz”.
Por lo que se refiere a la seguridad pública, el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado, ya que entre ambos grupos prevalece la desconfianza, hay muy poca empatía y personas usuarias y funcionarias enfrentan problemas por igual.
“Debemos decirlo con toda claridad: la justicia está muy lejos de las personas. La mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia. Ante estos retos, es mi responsabilidad compartirles que es necesario que las problemáticas más importantes del país, relacionadas con el sistema de seguridad y justicia, sean parte de la conversación nacional y, en mi opinión, el centro de atención”, puntualizó.
Entre las iniciativas que también destacaron se encuentran:
- El pase de la Guardia Nacional a la Sedena
- La reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos y eliminar las candidaturas plurinominales
- Convertir en política de Estado la austeridad republicana
- Eliminar todas las dependencias y organismos "onerosos y elitistas"
- Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico
- Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos
- Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año
Cuestiona AMLO requisito de experiencia para ser juez
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo en que se le hagan cambios, se modifique “una coma” a la reforma constitucional al Poder Judicial para enriquecerla, y reconoció que en la iniciativa “se nos pasó” dejar el requisito de que deben tener cinco años de experiencia para ser juez, magistrado o ministro.
“Que haya participación y que también se ajuste, nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa; si se va a mejorar, si se va a enriquecer, adelante”, indicó en la conferencia matutina de este lunes.
Destacó que es importante la reforma y hacerla sin imponer nada, sin excluir, que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo decida, que haya un periodo amplio, necesario, para que se conozca a todos los que quieren participar.
Dijo estar de acuerdo en que quienes se postulen puedan exponer sus perfiles en medios de comunicación del Estado, y recordó que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un canal de comunicación donde se presenten ante el pueblo, den a conocer sus antecedentes, los que ya están y los nuevos.
El titular del Ejecutivo federal admitió que olvidó quitar un requisito para posibles participantes a ocupar puestos de jueces, ministros o magistrados, en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, como tener experiencia de cinco años.
“Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados y ministros. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó.
“Yo soy más partidario de que una mujer u hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que, al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie”, expresó.
Agregó que “cuando va pasando el tiempo (…) ya a los 10 años ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando en el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan”.
Asimismo, dejó en claro que la reforma al Poder Judicial que se impulsa en el Congreso no es venganza en contra de sus adversarios.
“Es importante la reforma al Poder Judicial, no es venganza ni nada. Nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva en un auténtico Estado de derecho”, remarcó el Presidente.
Reiteró que, además del tema de los fideicomisos, los integrantes de la Corte tienen otras prestaciones: 90 millones para anteojos; 24 millones para el festejo del Día de las Madres; 26 millones para el Día del Padre; 235 millones para vestuario; 900 millones para traslado; 282 millones en escoltas, y mil 177 millones para pago por riesgos.
“Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma y va a haber ahorros importantes, porque todo esto, no se olvide, es dinero del presupuesto público, del pueblo. No es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo. Esto que es elemental, no se sabía”, externó.
Asimismo, López Obrador refrendó que con la reforma judicial se pretende acabar con el llamado “sabadazo”, lo cual es una práctica deshonesta por parte de los jueces que favorecen a criminales de la delincuencia organizada y de “cuello blanco”.
“Debería de prohibirse que los jueces ordenen la salida de delincuentes los viernes por la tarde-noche (...) ¿Cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los sabadazos?”, enfatizó.
Insistió en que presentará un recuento de todos aquellos juzgadores que han ordenado que los delincuentes salgan de prisión esos días cuando baja toda actividad y las personas no están del todo pendientes de la vida pública del país.
