La segunda Comisión de la Permanente, aprobó un dictamen para respaldar los esfuerzos que lleva a cabo el Estado Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respecto a los dos casos judiciales que involucran a México en el seno de la Corte Internacional de Justicia, tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril.
En el documento, los legisladores expresaron su confianza irrestricta en la vigencia efectiva de las normas de Derecho Internacional para regir la convivencia armónica entre Estados soberanos, y a las instituciones que se han creado para la solución de las diferencias y los conflictos sin recurrir al uso de la fuerza.
Recordaron que el pasado 5 de abril, cuerpos de la policía ecuatoriana ingresaron de manera violenta y agredieron a personal diplomático en la Embajada de México en Quito.
Ante la flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el 11 de abril, México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia; en dicha acción, nuestro país solicitó al órgano judicial, entre otras cosas, declarar que Ecuador tiene responsabilidad internacional por la violación de sus obligaciones respecto del derecho diplomático y tiene que reparar el daño causado a la nación.
Detallaron que, el 29 de abril de 2024, Ecuador presentó una demanda contra nuestro país ante el mismo órgano judicial, por presuntas violaciones del derecho de asilo diplomático, regido en su mayoría por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como la Convención de Caracas.
Además, el 30 de abril y el 1 de mayo se realizaron las audiencias para que ambos países expusieran sus argumentos orales en lo relativo a las medidas provisionales solicitadas por México.
Las y los legisladores subrayaron que el dictamen reconoce la defensa de los intereses nacionales que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
Por otra parte, la Comisión aprobó un proyecto por el que se pide a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y con sus homólogos en las 32 entidades, que refuercen los programas de prevención, detección y atención de violencia escolar en los planteles educativos de nivel básico y medio superior del país.
En la reunión de trabajo, también avalaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación de Puebla y a la Subsecretaría de Educación Superior a que, conforme a sus atribuciones, intensifique los contenidos en materia de ciencia, tecnología e innovación dentro de los programas de educación superior, con el objetivo de brindar a los estudiantes mayores competencias laborales.
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