La disputa entre dos facciones por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) escaló este martes, al llevar el pleito a la Ciudad de México, donde cientos de integrantes de ambos grupos se manifestaron en los alrededores de Palacio Nacional para intentar llegar a la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los grupos está liderado por el propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el otro mantiene la Rectoría de la casa de estudios.
El grupo identificado como contrario al mandatario estatal fue recibido para negociar en la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras el otro fue encapsulado y no se le permitió acceso al diálogo que encabezó la secretaria Luisa María Alcalde y sólo estuvo presente el gobernador.
En la Segob se instaló una mesa de diálogo entre el encargado de despacho de la institución educativa, Robespierre Lizárraga Otero, y el gobernador Rocha Moya, y fungió como mediadora la secretaria Alcalde.
Desde temprana hora, los dos grupos de manifestantes provenientes de Sinaloa se congregaron en las inmediaciones del Zócalo. El primer grupo, del lado de la Catedral, encabezado por Lizárraga Otero, sí pudo ingresar a Palacio Nacional para entregar a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, una carta de agradecimiento por convocar al diálogo.
Mientras tanto, el otro grupo se dio cita sobre la avenida de 20 de Noviembre. Desde ahí, denunciaron una situación de corrupción dentro de la institución educativa y acusaron que, con los recursos de la casa de estudios, se creó el Partido Sinaloense (PAS), además de que existe “desvío de recursos humanos, materiales y económicos para su proyecto político”.
En contraparte, Robespierre Lizárraga aseguró a La Razón que sus contrarios son “un grupo de choque” auspiciado por el gobierno del estado. Agregó que en esta manifestación había pocos universitarios y la mayoría eran jubilados “que simpatizan con el Gobierno del estado y la mayoría eran trabajadores de sindicatos de ayuntamientos morenistas de Sinaloa.
“Ellos hacen el señalamiento de que hay un sistema de universidad-partido; lo que sucede es que Morena-Sinaloa y el dirigente material, el gobernador (Rubén Rocha Moya), quiere tomar por asalto a la universidad”, añadió.
Apuntó que el asedio a la UAS por parte del gobernador obedece a “un control político”, ya que esta institución recibe al año más de siete mil millones de pesos, además de 170 mil estudiantes y una plantilla de más de 20 mil trabajadores de la educación.
Acusó que el mandatario estatal utiliza las instituciones del estado para fabricar delitos y una narrativa mediática sostenida en corrupción al interior de la universidad, “pero en realidad es propiamente ese conflicto político que generó el gobernador”.
Recordó que esta situación comenzó a raíz de la aprobación, por parte del Legislativo local, en febrero de 2023, de una Ley de Educación, la cual contenía artículos que violentaban el principio de autonomía universitaria. Indicó que la UAS lo identificó y llevó su queja ante el Congreso, de mayoría morenista, y “fuimos ignorados”.
Explicó que se promovió un amparo, el cual Rubén Rocha Moya aseguró que “no lo iban a admitir y que la ley estaba bien”; sin embargo, Robespierre Lizárraga sostuvo que este proceso fue aceptado por el Poder Judicial y “dieron suspensión para que no se aplicaran esos artículos a la universidad”.
Explicó que esto generó una persecución política por parte del gobernador de Sinaloa, el cual inventó, dijo, causas penales en contra del rector Jesús Madueña Molina y otros funcionarios universitarios.
Apuntó que eso no fue suficiente, pues “los ataques mediáticos continuaron con una narrativa desde el Gobierno de ataque a la universidad y lograron separar (de su cargo) al rector –en octubre pasado– con una medida cautelar”.
Expuso que el primer acuerdo de cuatro a los que se llegó este martes en Gobernación fue que “la autonomía no se toca”. Además, también explicó que la institución no se opone a una reforma, siempre y cuando se apegue a la legalidad y respete la autonomía.
“Quedó claro que, por parte de la universidad, no hay cerrazón a reforma alguna, pero esto se tiene que atender en instancias jurisdiccionales. Vamos a dar pasos hacia delante, agotando todas las instancias jurisdiccionales que sean necesarias, sin menoscabar ni dejar de tomar en cuenta ninguna postura ni opinión”, dijo Lizárraga Otero.
El segundo acuerdo, declaró, fue que el Gobierno federal, a través de la Segob, acompañe y supervise todas las causas penales contra autoridades universitarias, incluidas las “acusaciones infundadas” contra el rector Jesús Madueña Molina.
“El acompañamiento de la Secretaría de Gobernación será de vigilancia. Va a ser un coadyuvante en asegurar que todo se realice con apego al Estado de derecho”, explicó.
En tercer lugar, se acordó que el gobernador Rocha Moya modere su discurso agresivo contra la universidad.
“Convocamos al gobernador a tener un discurso propositivo en el sentido del conflicto, entre comillas, ‘bajado’ ese discurso agresivo y hostil. Irle bajando. El gobernador afirmó que lo hará. Esperemos que se cumpla, porque aquí sí se cumple”, añadió.
Adicionalmente, el Gobierno estatal acordó legalizar los títulos universitarios de la UAS, pues no lo estaba haciendo.
A hijos del góber, más sueldo; eran “aviadores”
El sueldo base en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) de Eneyda y Ricardo, hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aumentó 11.9 por ciento entre 2021, año en el que comenzó su mandato, y 2024, de acuerdo con la institución educativa. Los dos ya fueron despedidos por “no ir a trabajar”.
En abril pasado, la UAS respondió una solicitud de información en la que detalló los sueldos base de los hijos del mandatario morenista. En el caso de Eneyda Rocha Ruiz, quien también es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, pasó de ganar 29 mil 971.56 pesos en 2021 a 32 mil 20.56 al siguiente año y para 2024, 33 mil 551.84.
Cabe mencionar que tenía laborando en la universidad desde 1997, por lo que se le asignaba un bono adicional, más algunas otras bonificaciones mensuales.
Por su parte, como subdirector B en el Parque de Innovación Tecnológica de la UAS, Ricardo Rocha Ruiz percibía en 2021 24 mil 194.18 pesos; al año siguiente aumentó a 25 mil 40.98 pesos, para el 2023 era de 26 mil 42.62 pesos mensuales, y este año, 27 mil 84.02 pesos.
En el caso de Ricardo labora en la institución desde el 2016, por lo que le corresponde una remuneración por los casi ocho años que tiene de antigüedad.
El encargado de la Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga, rechazó que el despido de los hijos del mandatario haya sido un “procedimiento secreto”, como lo calificó el gobernador Rubén Rocha Moya, sino que “no iban a trabajar”.
En entrevista con Radio Fórmula, aseguró, sin dar fechas precisas, que Eneyda, quien era profesora en la Facultad de Informática, y Ricardo, quien tenía un puesto administrativo, tenían años sin acudir a sus centros laborales.
“El hecho es que los hijos del gobernador no iban a trabajar, y eso es una realidad, o digan quién de la universidad trabajaba con él, o ellos mismos demuestren a qué hora iban en estos últimos años a su centro de trabajo, no acudían a trabajar. Eso podrá resolverse, si tienen alguna inconformidad, en los juzgados laborales”, mencionó Lizárraga.
El lunes, Rocha Moya acusó que el despido de sus hijos, Eneyda y Ricardo, presuntamente estaría relacionado con un conflicto con la UAS a causa de la reforma a la Ley Orgánica planteada, así como a investigaciones contra autoridades de la institución educativa.
El mandatario, quien confirmó el despido de sus hijos, retó a las autoridades universitarias a demostrar que Eneyda y Ricardo no asistían a trabajar.
“Pueden decir que no hacían nada, que eran aviadores, pueden decir todo lo que gusten y quieran… Pero, ¿qué tienen que hacer? Es probarlo”, mencionó en conferencia de prensa.
El gobernador ya había defendido a sus hijos Eneyda y Ricardo de esta misma acusación en agosto del 2022, cuando negó que fueran “aviadores”.
“Si tienen aviadores, córranlos. ¿Y porqué los tienen? Que los corra el encargado legal de la universidad. Aunque sean de Gobierno, o de donde sean, si no trabaja y es aviador, si no justifica el salario, tienen que tomar medidas laborales”, indicó en aquel momento. Pese a su petición, sus hijos continuaron ahí, a pesar de ser señalados de no cumplir sus labores.
Al respecto, Robespierre Lizárraga acusó a Rocha Moya de utilizar al Poder Judicial para atacar a la UAS.
“Lo que es una realidad es el intento de asalto político por parte del Gobierno del estado en contra de la universidad, generando leyes que violentaba la autonomía universitaria. Promovimos un amparo y nos dan la razón, pero a raíz de ese amparo inician causas penales con jueces a modo, Ministerios Públicos a modo, y no hay manera de defensa en ese esquema”, dijo.
