En el sexto foro nacional entorno a la reforma judicial realizado este martes en la ciudad de Puebla, fue cancelada la participación de la jueza Juana Fuentes Velázquez, Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)
Lo anterior, señaló la jueza, “contradice el ofrecimiento de apertura y diálogo democrático ofrecido al inicio de los foros”, y agregó que “procesar una reforma que puede afectar la división de poderes vulnera los derechos humanos”.
Asimismo y al pronunciarse la JUFED, dejo claro que de aprobarse la reforma al poder judicial se desconocen los tratados internacionales, cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia, no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal y su papel de contrapeso.
“Si bien se ha aclarado que las acciones emprendidas para acelerar la aprobación de los dictámenes de las reformas, no incluirá a la judicial, limitar las participaciones de los juzgadores federales conlleva a la duda”, señala la asociación.
En un comunicado la JUFED señala también las aseveraciones del Ejecutivo Federal de la mañana de este martes, en las cuales se señala a 26 jueces federales por liberar personas privadas de la libertad durante los fines de semana.
“Afirmaciones que son no solo inexactas, sino también parciales y descontextualizadas, y representan un intento claro de deslegitimar la función judicial y el debido proceso que debe imperar en nuestra sociedad”JUFED
Advierten que estos ataques desde la presidencia, en los momentos en los que se busca reformar al Poder Judicial, tienen “la clara finalidad de predisponer a la ciudadanía y crear un contexto adverso que dañe la confianza en los juzgadores”.
Para la asociación es fundamental aclarar que el actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se encuentra regido por el marco legal vigente, el cual establece criterios claros y procedimientos específicos para la toma de decisiones judiciales.
“Dichas decisiones son producto de un análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por todas las partes involucradas en cada caso, incluyendo al Ministerio Público Federal que se encuentra presente en todo momento, con el objetivo primordial de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas y el interés social”, advierten.
Y ante ello, exhortaron a las y los trabajadores a mantenerse atentos al desarrollo de estos acontecimientos y de acciones futuras.
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