Al discutir el calendario para votar en Comisión las reformas del presidente de la República, como la judicial, la oposición acusó a Morena de imponerles una “mordaza” para impedir que presenten propuestas de modificación a dichos proyectos.
Este jueves sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales en donde se aprobó con 12 votos a favor un acuerdo que define al 22 de agosto como el día en que se discutirá y votará el dictamen de la reforma al Poder Judicial, el cual se elaborará a partir del 9 de agosto y se pondrá en circulación a partir del 15 del mismo mes.
A nombre de la bancada panista y para anunciar su voto en contra, la diputada Paulina Rubio externó preocupación por una posible falta de claridad en la calendarización porque no se precisa qué temas serán discutidos cada día lo cual da pie a pensar que “los temas quieren ser abordados a través de albazos”.
A esto agregó la falta de conclusiones sobre diversos temas, particularmente lo relativo a la Reforma Judicial, la simplificación administrativa y órganos autónomos, a lo cual definió como “ponerle fecha a una operación sin tener diagnóstico de la enfermedad”.
También se quejó contra lo que tildó como “mordaza” a los diputados por parte de la Comisión, al prohibirles que presenten propuestas de modificación cuando los proyectos sean discutidos en este órgano.
Para anunciar el voto en contra del tricolor, el priista Marco Antonio Mendoza dijo que el acuerdo propuesto no cumple de fondo ni de forma con el reglamento de la Cámara de Diputados y reiteró el rechazo a la reforma judicial por verla como un “ataque a los principios” democráticos y como una venganza contra al Poder Judicial.
Pese a la queja, manifestó que el PRI congenia con iniciativas sobre el salario mínimo, pueblos indígenas, agua y protección animal.
Su compañera de partido, Laura Haro, aseguró que el acuerdo es “a todas luces” ilegal porque viola los derechos de los legisladores para presentar propuestas de modificación al dictamen. También calificó el ritmo de discusión para estas iniciativas como un “atropello absoluto al respeto al Poder Legislativo".
El exemecista y ahora morenista, Salvador Caro Cabrera, acusó a la oposición de iniciar el debate con una actitud “golpista” con la que rompe la tradición de los últimos 24 años en México, pues aseguró que en años anteriores los gobiernos salientes cooperaban con los gobiernos entrantes en cada cambio de sexenio para un buen “tránsito”.
El petista Gerardo Fernández Noroña criticó que se acuse de albazo cuando las reformas llegaron en febrero, se llevaron a foro y han sido de amplia discusión los últimos meses.
La morenista Irma Juan Carlos pidió a la oposición dejar “los pretextos” porque “todas las veces dicen que no se discute, que se sientes agraviados. Ya, por favor, los resultados electorales nos indican que el pueblo de México quiere que ustedes reaccionen, que se reivindiquen porque han dañado mucho a este país”.
Tras los reclamos de los opositores, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, anunció que se reformulará el acuerdo para permitir que se presenten reservas, pero de forma que no sea un número elevado que no les deje dictaminar conforme al calendario previsto, y que precisaría las discusiones que habrá por día.
“Me parece contradictorio los argumentos en contra de un acuerdo que propone cómo discutir, porque no están de acuerdo con una determinada iniciativa. Precisamente para que puedan expresar las razones por las cuales no están de acuerdo con la iniciativa es por que hay que aprobar una guía para discutir”, dijo.
Sin embargo, en el acuerdo que fue aprobado se fijó que las reservas podrán ser presentadas y únicamente se anexarán para que sean discutidas en el Pleno de San Lázaro, lo que ocurrirá hasta septiembre y cuando entre en funciones la siguiente Legislatura.
El calendario acordado indica que el 1 de agosto se discutirán la iniciativas sobre apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, agua, cuidado animal, medio ambiente, protección a la salud.
El 2 de agosto se abordará la relativa a vías férreas y austeridad y percepciones de servidores públicos.
El 9 de agosto será la de pueblos y comunidades indígenas; el 13 de agosto, prisión preventiva oficiosa; 14 de agosto, áreas y obras estratégicas; 15 de agosto, simplificación administrativa y el 22 la judicial. La reforma electoral, dependerá de los acuerdos a los que lleguen las tres comisiones a las que se turnó: Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación y Población.
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