A unos días de que se discuta y avale el dictamen de la reforma para eliminar a los órganos autónomos y entes reguladores, comisionados de algunos de estos organismos dijeron que no son “antagónicos al poder” y lanzaron un llamado a establecer una ruta de diálogo con el Congreso de la Unión y con la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum, para evitar la desaparición, aunque, en el caso del Inai, no descartó recurrir a la vía jurídica si se confirma la medida.
Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aseguró a La Razón que espera que se logre a tiempo un diálogo tanto con la actual administración como con las cámaras de Diputados y Senadores, pero sobre todo con Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, pese a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene listo el proyecto de dictamen para la simplificación orgánica.
“Creo que ninguno vemos esto como una batalla para ir en contra de alguien. Yo llamaría a las cámaras a este diálogo, a la Presidenta, pero en última instancia, sin dejar de lado, una estrategia jurídica; nada está perdido, estamos muy atentos al proyecto de dictamen, claro que con incertidumbre, porque debería discutirse hasta el 15 de agosto y no sé si será este jueves.
“De ser así, esto sería una regresión”, aseguró Alcalá, al tiempo de señalar que “es necesario el diálogo político para demostrar, con números, que no es un ahorro grande el que implica la desaparición” del Instituto de Transparencia.
En el proyecto de dictamen se señala que las funciones del Inai, un organismo que garantiza el acceso a la información y protección de datos personales, se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial, a las contralorías del Congreso de la Unión y a los órganos de control de los órganos autónomos que quedan. Este modelo se replicaría en los gobiernos estatales.
Establece que los ahorros que se generen a partir de la extinción de los organismos autónomos se transferirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, para Alcalá Méndez el ahorro que significa la extinción del órgano que actualmente preside no es significativo, ya que, entre otras cosas, dijo, “es necesario el diálogo político para demostrar con números que no es un ahorro grande el que implica la desaparición”.
Por separado, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Arturo Robles Rovalo expuso que no es momento de pensar en otras acciones, sino en crear el diálogo, y refirió que éste lo han buscado desde hace varios meses. Incluso, señaló que en cuanto la autoridad confirmó los cómputos distritales de la virtual Presidenta electa, el pleno (del IFT) mandó, por canales institucionales al equipo de campaña y a la propia exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, el interés del diálogo.
Manifestó que “este planteamiento que se hace de los organismos autónomos se tendría que revisar, en aras de los beneficios que han traído. Somos de los órganos con menos gastos y, en el caso de las telecomunicaciones, es evidente el cambio que ha habido en 10 años. Definitivamente se debe analizar, pero desde quienes integramos estos órganos”, señaló.
El dictamen plantea que, para el IFT, encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones, sus funciones serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT).
Entre los argumentos para extinguir estos entes, el proyecto de dictamen establece que “son gobernados por servidores públicos capturados (antes de su proceso de elección y también al ser elegidos) por grupos políticos y de interés económico, ligados a su vez a los propios sujetos que deben ser regulados.
“Lo que los ha llevado a una posición de cuestionable independencia y debilidad institucional, con afectación del interés social”, además de que “han propiciado que los procedimientos y procesos se segmenten, no obstante que por su propia naturaleza deberían estar integrados, lo que, a su vez, ha redundado en un mayor coste presupuestario, incertidumbre, deficiencias y debilidad institucional”.
Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pidió a su sector tener calma ante la posible desaparición de la institución y a los ciudadanos confiar en estos cambios para mejora del país.
“Uno de los principales promotores de la justicia en este país es nuestro Presidente y la continuidad que se ha manifestado en las urnas recientemente es precisamente que esa justicia se mantenga, y el permisionario (de energía) tiene que tener toda la seguridad de que todos sus derechos están salvaguardados”, señaló.
Asimismo, se tiene contemplado en el proyecto de dictamen que se discutirá, que las funciones de la CRE —la cual regula y fomenta la competencia en los mercados de energía— se trasladarían a la Secretaría de Energía.
Indica que los problemas que se han identificado en la comisión reguladora son, principalmente, corrupción por acción y omisión. “Nosotros nos pusimos a trabajar para intentar cerrarle la puerta a estas malas prácticas”, señaló el comisionado, y dejó claro que solicitó, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la comisión, tomar con calma este anuncio de los dictámenes.
Al solicitar entrevistas con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se afirmó que el equipo del secretario ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, se encuentra revisando el proyecto de dictamen para así poder dar un posicionamiento; mientras tanto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo a La Razón, a través de su oficina de Comunicación Social, que por el momento se encuentran evaluando su postura al respecto, al igual que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
