A dos años del derrumbe de la mina El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, el Gobierno federal informó que mantiene acciones para recuperar los cuerpos de los mineros atrapados.
Por instrucción presidencial, desde el 3 de agosto de 2022 la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett Díaz, fueron las dependencias designadas para llevar a cabo los trabajos de recuperación de los mineros y apoyar a los deudos.
A partir de ese día y hasta la recuperación de todos los mineros, el Gobierno de México mantiene un campamento con servicios básicos para las familias, y brinda acompañamiento e información sobre acciones y avances.
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De esta manera, se cuenta al momento con un continuo trabajo de búsqueda y recuperación las 24 horas del día, los siete días de la semana, por brigadas de la CFE, CNPC, Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y la empresa contratista.
Al momento se realiza un monitoreo permanente de los niveles de gases en el interior de la mina, para resguardar al personal de las brigadas; control de los niveles de agua y bombeo al río Sabinas; refuerzo de los taludes del tajo a cielo abierto y mantenimiento a los cárcamos y caminos hacia las galerías.
Además de garantizar la exploración segura, se reforzaron las galerías reemplazando los apuntalamientos originales. Hasta el momento se han instalado 87 marcos metálicos.
Las autoridades señalaron que se han explorado en total 70 metros lineales en el interior de las galerías y se han realizado 25 hallazgos no biológicos en esta fase, que consisten en diversos objetos como: palas, carreterillas, pistola neumática, lentes, guantes, bolsas de telas, partes de mangueras, una bomba de agua tipo lápiz, entre otros.
La titular de la CNPC, Laura Velázquez informó que el compromiso del Gobierno de México con cada una de las familias es firme e histórico.
Señaló que ningún gobierno en el mundo tiene registro de una obra civil de estas dimensiones para brindar justicia social, que incluye, apoyo económico a los deudos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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