La deportación de migrantes irregulares cuesta cada vez más a México. Tan sólo de 2023 a la fecha, el gasto que representa trasladar por vía terrestre a las personas, para encaminarlas a sus países de origen, se incrementó 42 por ciento al pasar de 490 millones a 696 millones de pesos, de acuerdo con los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Migración (INM).
En los convenios por el “servicio de transportación vía terrestre para migrantes extranjeros, connacionales en condición de retorno, así como para servidores públicos”, el INM los adjudicó a la empresa ETN Turistar de Lujo, S.A. de C.V., por un monto global de mil 186 millones de pesos entre 2023 y 2024.
Según los convenios, la compañía de autobuses cobró, por el servicio de transporte terrestre de migrantes que no lograron entrar a Estados Unidos y fueron deportados, 490 millones de pesos entre el 24 de febrero al 31 de diciembre del 2023.
Para este año se firmaron dos contratos por dicho servicio de transporte; uno a partir del 1 de enero al 29 de febrero, por 120 millones, y el segundo, del 13 de marzo al 31 de diciembre, por 576 millones de pesos, para un total de 696 millones, lo que significó este aumento de 42 por ciento, comparado con el año pasado.
En contrataciones de vuelos chárters, el INM erogó 621 millones de pesos en algunos contratos establecidos con Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. por la renta de aeronaves para trasladar a los migrantes extranjeros a sus países de origen, desde 2022 a la fecha.
El contrato que se realizó por adjudicación directa, con vigencia del 15 de febrero al 31 de diciembre del 2022, fue por 420 millones de pesos, con un “servicio requerido las 24 horas del día, en vuelos nacionales e internacionales”, y cuyo costo de vuelo por hora se estableció en nueve mil 250 dólares más IVA.
Otro contrato entre el INM y Grupo Aéreo Monterrey fue suscrito por un total de 105 millones de pesos, con vigencia del 24 de enero al 30 de abril de 2023; se registró uno más por 96 millones, del 16 de enero al 29 de febrero de este año.
Otros gastos del INM, a cargo de Francisco Garduño, fueron la compra de cobertores para uso de los migrantes presentados y alojados en las estaciones migratorias, por un millón 44 mil pesos, adquiridos a la empresa Baixa, S.A. de C.V.
Además, la adquisición de dos mil 250 piezas de playeras, pantalones, cinturones tácticos para el personal del INM, según el contrato con LIREM Inovation, S. de R.L. de C.V., por un millón 271 mil 940 pesos, con vigencia del 28 de febrero al 31 de marzo de 2024.
Al respecto, Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria —una red de la sociedad civil—, consideró que es un gasto innecesario el que realiza el Instituto Nacional de Migración, ya que esos recursos deberían destinarse hacia una política más de detección, de canalización y de atención a la migración desde una perspectiva de derechos humanos.
“¿En dónde el Estado mexicano está invirtiendo los recursos? Estos recursos se podrían estar invirtiendo además en la identificación de perfiles específicos, pues también se deberían de estar canalizando a fortalecer entidades como la Comar, pero también a la Procuraduría del Menor, que permita canalizar a las niñas, niños y adolescentes.
“Muchas veces el mismo Instituto Nacional de Migración nos dice que la procuraduría tarda mucho en ir por los niños y niñas. Entonces, esto quiere decir que no lo hacen porque no tienen recursos o porque no tienen gasolina para los vehículos, etcétera”, aseguró Melissa Vértiz Hernández a La Razón.
