La falta de medicamentos y de tratamientos contra el cáncer en el sistema de salud pública ha costado el pago no previsto de por lo menos 93 millones de pesos de recursos públicos, pues gracias a algunas de las 283 demandas de amparo en su contra, el Gobierno mexicano ha desembolsado dicha cantidad en la subrogación de servicios y la compra urgente de oncológicos, para cumplir el mandato de los jueces.
El colectivo Justicia vs. Cáncer, al que personas han acudido para ejercer acciones legales de manera gratuita en este tema, detalló a La Razón que del 2020 al 2024, hay 283 demandas de amparo relacionadas únicamente con atención a cáncer, pero también llevan el procedimiento de 295 demandas más, a nivel nacional, por otros padecimientos que requieren atención inmediata.
Uno de los beneficiarios de estas acciones legales emprendidas es Roberto González, de 43 años, quien padece cáncer de colon. En marzo de este año obtuvo un amparo para poder recibir sus medicamentos en forma gratuita.
“La situación ha sido muy complicada para los enfermos, por el desabasto que ha habido en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues pagaba hasta nueve mil pesos por el medicamento porque no lo había; tristemente, tener seguridad social en México no es garantía de un servicio de calidad. Los medicamentos nos fueron negados, a pesar de necesitarlos, y la justificación ha sido que no son abastecidos en las farmacias”, explicó.
Tuve que pagar 9 mil pesos por caja que me duraba un mes. Justicia vs. Cáncer y sus abogados me ayudaron a formular una demanda de amparo y así pude obtener los medicamentosRoberto González<br>Paciente con cáncer
Hace cuatro años, Roberto González se enteró que tenía cáncer de colon. La batalla no sólo sería la enfermedad, sino saber que no contaría con los medicamentos.
“Al inicio tuve que pagar nueve mil pesos por cada caja que sólo me duraba un mes. Justicia vs. Cáncer y sus abogados me ayudaron a formular una demanda de amparo. La demanda fue presentada ante juzgados, logrando que un juez fallara a mi favor y así pude obtener los medicamentos de manera gratuita”, sostuvo.
La coordinadora nacional de Justicia vs. Cáncer, María Fernanda Rizo, dijo que en el 2021, el 60 por ciento de las solicitudes de ayuda tenían que ver con violaciones al derecho a la salud.
Justicia vs. Cáncer expuso que el actual Gobierno recortó hasta el 97 por ciento de los tratamientos de cáncer infantil; 93 por ciento el cáncer de mama y 95 por ciento el cáncer cérvico uterino.
Además, señaló que los tipos de cáncer más frecuentes en las solicitudes de amparo son de mama, próstata, riñón, colon, ovarios, cérvico uterino, de pulmón, tiroides, leucemia, de hueso, cabeza y cuello.
Agregó que el trabajo de los abogados se ha convertido en una necesidad para la población ante el panorama de desabasto de medicinas y falta de atención pública en el sector salud del país.
“La organización surgió en 2020, durante la pandemia de Covid-19, y aun pasada la emergencia sigue interponiendo amparos, pero ahora se han creado estos colectivos que atienden causas específicas, como el cáncer, una enfermedad que ha sufrido la falta de atención integral en los tratamientos para combatir la enfermedad por parte de las autoridades de salud públicas”, explicó.
Los Estados deben demostrar que adoptan medidas concretas a fin de hacer efectivo el derecho a la salud de la población, pero en México esto pareciera sólo ser parte de una relatoríaEfraín Macías<br>Abogado
El colectivo reúne actualmente a 81 firmas legales y casi 300 abogados en todo el país trabajando pro bono; es decir, sin cobrar honorarios por esos trámites. Y, hasta el momento, dichas firmas han logrado, por medio de los amparos interpuestos, que el Estado se vea obligado a desembolsar 93 millones de pesos en la subrogación de servicios y la compra urgente de fármacos.
Sobre el tema, el abogado Efraín Macías dijo que “el derecho a la salud está sujeto a una realización progresiva. Sin embargo, los Estados deben demostrar que adoptan medidas concretas, deliberadas y específicas para utilizar todos los recursos de que disponen a fin de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud de la población, pero en México esto pareciera sólo ser parte de una relatoría”, dijo.
El litigante, especialista en derecho social, aseguró que la salud es un derecho inclusivo y comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana, entre otros el agua potable salubre, el saneamiento adecuado, la alimentación segura y unas condiciones laborales saludables, y “por supuesto abastecer de medicamento en tiempo y forma en caso de presentar enfermedades; esto no cambiará con grandes almacenes, sino con políticas públicas adecuadas y presupuestos a la salud justos”.
