Con una afluencia medianamente concurrida, la Marea Rosa exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) no permitir lo que calificó como “salvaje e inconstitucional” sobrerrepresentación de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados.
Para ello, expusieron argumentos que den pie a que el órgano electoral no interprete las leyes, con las que tomará la decisión, de manera literal, sino contextual.
Sobre un templete que cortó la circulación en la desviación de Viaducto Tlalpan, el exconsejero electoral Leonardo Valdés fue el portavoz de la demanda que, por medio de 13 puntos pide a las y los consejeros del órgano electoral tomar en cuenta para la deliberación los antecedentes que permitan interpretar la Constitución y así el bloque de la 4T no alcance la mayoría calificada que le permitirá aprobar reformas como la judicial.
“Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobrerrepresentación al oficialismo en la Cámara de Diputados, se le permitiría a éste modificar la Constitución ignorando al 46% de los electores que no votaron por ellos, es decir, a más de 27 millones de ciudadanos”, señaló.
De esta forma, señaló que la sobrerrepresentación política en la Cámara baja sería una distorsión de la voluntad política de la ciudadanía, pues además indicó que para eso la Constitución acota que haya una correlación entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules que se asignarían.
Así, recordó que el INE tomó un acuerdo en diciembre del año pasado, con el que estableció que el número de votos sea el más parecido al número de curules en los órganos legislativos.
A esto, señaló que en la Constitución se fijan los límites para que la diferencia entre votos y curules no sea mayor al ocho por ciento y que ninguna fuerza política tenga más de 300 diputados.
“La diferencia del 12% en las urnas se transforma en 48% en el parlamento, multiplicándose por cuatro y lastimando profundamente la pluralidad del país al modificar radicalmente la proporcionalidad entre las fuerzas políticas decidida por el pueblo de México en las urnas, en detrimento de las minorías”, dijo.
De igual forma, expuso que hay una jurisprudencia de 1998 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaborado por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y hoy senadora por Morena, en la que falló a favor del Presidente López Obrador, antes opositor, quien pidió que se interpretara la Constitución para garantizar la pluralidad de partidos en los órganos legislativos.
También reprobó que la Secretaría de Gobernación haya presentado una estimación de cómo se conformará el Congreso, “que nada tiene que ver con la correlación de fuerzas establecidas en las urnas”, pues ve en ello un atentado contra la autonomía de las autoridades.
“Por todo lo anterior, demandamos que prevalezca una interpretación histórica, sistemática, teleológica y garantista que preserve el espíritu de la Constitución y los derechos de las minorías, respetando el límite de 300 diputados para la coalición oficialista. Con ello se cumpliría, además, con el principio pro persona establecido en el artículo primero, el cual, como lo ha determinado la SCJN, es la lupa con la que debe leerse todo el texto constitucional”, dijo.
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