En lo que respecta al caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha declarado que no se han encontrado pruebas suficientes para confirmar alguna infracción. La CNDH también indicó que Giovanna Perales, la persona afectada en este caso, se ha negado a someterse a una evaluación pericial psicológica, un requisito esencial para proceder con la investigación.
“Tras analizar el documento y la evidencia disponible, se concluye que no hay elementos que demuestren violaciones a los derechos humanos. Además, la negativa de la supuesta afectada a realizar la prueba pericial psicológica impide a este organismo nacional continuar con la investigación y reunir pruebas suficientes para evaluar el caso en su totalidad, conforme a los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,” señala el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, cerrado el 28 de junio pasado.
En la resolución signada por la directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, María del Carmen Ojesto Martínez, también se anotó que “no existe ningún antecedente, previo de que haya formulado alguna queja ante el Comité de Ética o en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cual se advierta que personal de la PROFECO haya sido omiso en atender su reclamación conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020”.
Al respecto, la CNDH explicó que mediante el oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024 se dio a conocer que no hubo registro de alguna vulneración ya fuera en archivos físicos o digitales; aunado a que cuando se le solicitó cumplir con el análisis psicológico, Giovanna no volvió a comunicarse telefónica o de forma escrita con la Comisión.
De acuerdo con el documento en que se relatan los hechos por parte del ahora titular de Profeco, David Aguilar Romero, se puntualizó que el recuento de puestos realizados por la denunciante, no corresponde con la realidad.
Según con la información detallada, Perales Salem estaba adscrita a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica, como Jefe de Departamento “C”, en modalidad eventual, donde Aguilar Romero no fungía como responsable. El 16 de abril de 2023, firmó su renuncia voluntaria a fin de cambiar de área de trabajo, al argumentar que su contrato eventual vencía el 15 de abril de 2023; el 1 de mayo de 2023 ingresó como Jefe de Departamento “A” a la Coordinación General de Educación y Divulgación, donde ocasionalmente apoyaba al ahora procurador con funciones administrativas mediante un trato cordial y respetuoso, situación que se dijo constatable por la secretaria y chofer.
Las tensiones habrían comenzado cuando se le pidió estuviera prevenida ante la designación de un nuevo titular en dicha Coordinación.
“Una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023, toda vez que el Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Educación y Divulgación le informó que requerían realizar cambio y ocupar la plaza de confianza que ostentaba, pero buscarían la forma de reasignarla en otra posición. Por lo que, le comentó que vería la forma de apoyarla conforme a la normatividad administrativa aplicable”, se añadió en la carpeta de seguimiento.
Así, “se buscó en todo momento salvaguardar su estabilidad laboral” al colocarla en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor, encargo al que renunció de manera voluntaria el 15 de enero de 2024; no obstante, suscribió un nuevo contrato por honorarios hasta el 15 de marzo pasado.
Sin embargo, Perales Salem buscaba que el acuerdo se extendiera hasta junio, por lo que desde fines de 2023 habría recurrido a insistentes mensajes de WhatsApp con insinuaciones que serían contrarias al Código de Ética para extender el mayor tiempo su estadía.
Ante las negativas a que prevaleciera en su puesto, luego que se documentó que no cumplía con sus horarios de trabajo, se decidió terminar la relación laboral con Giovanna, así como con otras 25 personas cuya relación contractual había caducado.
Previo a acudir ante las autoridades, la quejosa exigía en Profeco un contrato por honorarios de marzo a junio con sueldo de nivel de director de área, al considerar el más alto tabulador; además de una indemnización de reparación del daño para no hacer público el supuesto acoso y abuso laboral, monto que debía ser fijado con relación a las capacidades de la Procuraduría y de los supuestos implicados.
CNDH detalló que ante las posibles faltas administrativas que pudieran ser únicamente de carácter administrativo, se dio vista al OIC de Profeco para iniciar las indagaciones correspondientes.
JVR
