Organizaciones feministas lamentaron la actuación de los jueces que concedieron beneficios procesales a los presuntos agresores de la periodista Lydia Cacho y la saxofonista, María Elena Ríos.
En entrevista con La Razón, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano y directora de Justicia Pro Persona, aseguró que la impunidad, la falta de criterios justos, discriminación y el mismo acceso a la justicia son elementos que siguen fallando en la protección a la mujer y el sistema de justicia mexicano.
“Hay fallas en el sistema judicial, pues no hay mecanismos de control judicial de lo que a veces sucede en los juzgados. Lo que se espera es que los jueces puedan decidir libremente con base a la legalidad para juzgar, pero en estos casos hay una evidente desviación de la justicia, pues parece que estos actos son de evidente corrupción”, explicó.
En el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín y el proceso que se le sigue por tortura en contra de Lydia Cacho, un juez concedió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, con lo que seguirá su proceso en la comodidad de su hogar. En el caso del presunto autor intelectual del atentado contra María Elena Ríos, tras rociarle ácido en el cuerpo, un juez había concedido libertad, sin embargo, otra jueza ordenó su regreso a prisión preventiva.
En este sentido, Ana Yeli Pérez dijo que, en ambos casos, “es una arbitrariedad” el cambio de mediadas, pues hay elementos suficientes para sancionarlos penalmente por sus acciones, por ello, consideró como “absurdo” que no se compruebe la culpabilidad total de los dos sujetos agresores. “Cuando vemos tanta impunidad, reflexionas y dices, si estos casos son mediáticos y ni así se pueden llevar a la justicia, imagínate lo que pasa en cientos de casos que ocurren diariamente”.
Detalló que a ambas activistas les ha costado mucho demostrar “por su cuenta” los delitos de sus agresores, pero pese a ello, no ha sido suficiente para lograr las sentencias en su contra, situación que sigue vigente en juicios abiertos hasta el momento.
La exrepresentante legal de Elena Ríos, Diana González Obregón dijo a este diario que los juzgadores no están haciendo caso a las pruebas recabadas en una investigación sería, pero sí hacen caso a una presión mediática, lo que genera mucha impunidad.
“Los jueces no puede hacer precisiones subjetivas por miedo, represalias, poder económico o peso político que tienen los imputados. Ellos deben limitar su sana critica a lo que las pruebas demuestran; ninguno de los dos juzgadores entiende la perspectiva de género, pues se piensa que es una moda y no una acción a realizar”, dijo.
En este caso, mencionó que se debe entender el contexto de lo que vivieron las víctimas y todo lo que implica ello, además, que, señaló que por la complejidad de las mujeres, los jueces deben dar preponderancia de la prueba, con el objetivo que se corroboren dichos y acciones con otras personas y dar mayor peso a la misma prueba.
“Con Elena se pone en riesgo su vida y parece no importar a la justicia, y en el caso de Lydia hay un contexto de trata de personas denunciado, pero no se entendió como juzgadores y por ello, minimizan el proceso”, agregó.
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LMCT
