La Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó la indagatoria que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa por el homicidio del diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.
En un informe que dio a conocer este jueves, la dependencia federal consignó que detectó irregularidades en la investigación y expuso que, tras revisar la carpeta a la que tuvo acceso por el caso, halló inconsistencias en la necropsia realizada por el equipo de peritos de la instancia local.
En una primera revisión, detalló que en la necropsia no establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.
Además, expuso que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza, hay cuatro disparos en el cuerpo de Cuén Ojeda, principalmente en las piernas. No obstante, apuntó, en el video que circula, en el que se ve el homicidio al legislador electo, cuenta con sonido, pero sólo se escucha un tiro, mientras que los empleados de la gasolinera donde ocurrió el asesinato dijeron no haber escuchado disparos.
Tampoco se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta, no hay mecánica de hechos del evento, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo. Además, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes ni determinaciones al respecto.
“Tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”, detalla el informe.
Tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidiosFiscalía General de la República, Comunicado
Por otra parte, la FGR señaló la ausencia de entrega de datos por parte de Estados Unidos, relacionados con el caso del vuelo y posterior detención en ese país de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en la arista en la cual que se ha centrado la pesquisa por secuestro y traición a la patria, por sustraer a una persona mexicana y entregarla a Estados Unidos.
El artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de cinco a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria, señalando también que es responsable de ese delito el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.
De esta manera, la FGR detalló que las pruebas fundamentales para acreditar ese delito se encuentran dentro del territorio de Estados Unidos y están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada y con una conducta “absolutamente irregular” de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano hasta que llegó a la frontera, donde ya dio sólo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando.
En una investigación realizada por parte de la dependencia en el Aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, no se tuvo ningún tipo de resultados, por lo que la FGR y la Interpol México pidieron al Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionar toda la información referente al vuelo.
Ante la falta de resultados, solicitó un documento de autorización previa de la Aduana de Estados Unidos sobre el vuelo, también información anticipada de los pasajeros, informe de seguridad de sus radares en la zona fronteriza, constancia de la recepción de ese vuelo y revisión de las personas que venían a bordo, datos de identificación del piloto, matrícula de la aeronave, identificación de la misma aeronave para verificar que no haya alguna irregularidad, y número de serie, finalizó.
