Al destacar que las funciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son muy diferentes a las que realiza desde hace 20 años el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el secretario ejecutivo del organismo, José Nabor Cruz Marcelo afirmó que la propuesta de reforma de simplificación administrativa pone en riesgo la medición sobre la pobreza y política social del país.
“Por un lado el Inegi es un generador de información estadística, así está manifestado en cuanto a su normatividad, y el Coneval tiene estas dos tareas normativas: medir la pobreza con un enfoque multidimensional y evaluar la política social del Estado mexicano” señaló durante la presentación del informe sobre la Evaluación del Impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Por su parte, Claudia Maldonado Trujillo, consejera académica del Coneval, explicó que ninguno de los supuestos del dictamen aplica para el caso específico del Coneval, que es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene funciones muy diferentes de las funciones especializadas en estadística nacional que tiene el Inegi.
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Previo al evento, el organismo también difundió un posicionamiento en sus redes sociales, en el que remarcó que el proyecto de reforma, que busca desaparecer a siete organismos autónomos, pone en riesgo la capacidad del Estado mexicano para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales ya que no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas que realiza el Coneval.
Detalló que el Inegi no cuenta con las capacidades ni con la experiencia para realizar análisis sobre los programas y las políticas sociales, por lo que fusionar a ambos organismos significaría la pérdida del modelo de evaluación y monitoreo que posee México y que ha sido reconocido a nivel internacional.
“Desde hace 19 años, con la creación del Coneval, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales”, mencionó.
Por otro lado, enfatizó que el Coneval no entra en ninguno de los supuestos de la iniciativa aprobada en comisiones el pasado viernes 23 de agosto, la cual persigue “objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones a la Administración Pública”.
Esto al recordar que de acuerdo con el marco jurídico vigente, el Coneval no es un órgano constitucional autónomo, sino, un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que trabaja en estrecha colaboración con la APF.
“El Decreto por el que se dotaría de autonomía constitucional al Coneval se publicó el 10 de febrero de 2014, pero quedó sin efectos por ausencia de ley reglamentaria. En el artículo vigésimo transitorio se especificó que mientras El Congreso de la Unión no expidiera la Ley que debe regir al órgano autónomo creado, el Coneval debería seguir ejerciendo sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en su Decreto de creación publicado el 24 de agosto de 2005. Hoy, el consejo sigue siendo un órgano descentralizado”, refirió.
Ante esto, el organismo solicitó que se abra un diálogo con las autoridades para evitar su desaparición y sostuvo que está listo para ayudar a los equipos de transición y a la siguiente administración a planear y diseñar una política social que cuente con los diagnósticos, los datos, las recomendaciones y herramientas necesarias para lograr los objetivos sociales del Estado.
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LMCT
