Por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja de los expresidentes del PRI en contra de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional priista, por calumnia y violencia política de género al ligarlos con el Pemexgate o la Operación Zafiro.
Los magistrados opinaron que fue correcta la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no iniciar el procedimiento sancionador ante los señalamientos del líder nacional del Revolucionario Institucional en contra de Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y Aurelio Nuño.
Al discutir el recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador 836, el cual determinó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechar la denuncia presentada en contra del presidente del CEN del PRI, al considerar que no existían elementos para iniciar un procedimiento sancionador.
Por ello, la ponencia planteó calificar los agravios de infundados, ya que la autoridad administrativa no realizó un juicio de valor acerca de la legalidad de los hechos, en la medida que se limitó a señalar que el contenido denunciado no constituía propaganda político-electoral emitida por un partido político y que las expresiones denunciadas presuntamente se emitieron en el ámbito interno de los partidos políticos, esto es, cuestiones relacionadas con su vida interna, en las cuales la autoridad electoral nacional carece de competencia para intervenir".
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tomó la palabra para señalar la necesidad de un análisis por parte de la Sala Regional Especializada del TEPJF.
"Con qué motivo los dirige, para criticar ciertamente, a exdirigentes del partido y en qué consiste básicamente la crítica, de manera muy sintética, en cuestionar su paso como dirigentes relacionándolos con la transferencia ilícita de recursos entre un sindicato y el partido político, el conocido Pemexgate o también haciendo referencia a lo que comúnmente se denominó Operación Zafiro.
"Es decir, se mencionan hechos que podrían constituir delitos, como la transferencia ilegal de recursos al partido u operaciones financieras ilícitas. Esto, ¿con qué propósito? Criticar la gestión anterior de dirigentes, a quienes también, digamos, les dirige la finalidad de correrlos del partido", explicó.
Sobre sus argumentos, expresó que "se trata de militantes que fueron dirigentes, que tienen derechos al interior del partido y que, si no pudieran denunciar esto en los términos de calumnia electoral o de violencia política de género, o algún tipo de cuestionamiento que en principio tendría que ser investigado y analizado por la Sala Especializada.
"En mi opinión amerita una investigación de los hechos, un análisis de fondo y debiera ser admitida la queja, salvo que hubiera otra razón de desechamiento, pero no la de que, en un análisis preliminar no constituye propaganda política, es discurso político. Los partidos no sólo emiten propaganda a través de sus tiempos de Estado, ni de carteles en la calle", argumentó.
Agregó que la denuncia consiste, básicamente, en valorar mensajes por la probable calumnia dirigida a través de redes sociales y de la plataforma YouTube, de quien preside el Partido Revolucionario Institucional. Y estas expresiones son emitidas ciertamente en un contexto de naturaleza política-partidista, las cuales se realizaron en julio pasado.
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